Por Silvia Pisani - WASHINGTON.- Todo salió dentro de lo previsto. Durante más de una hora, funcionarios y empresarios expusieron las razones por las que la Argentina califica para recuperar beneficios arancelarios en Estados Unidos. Pero así como se evidenció ese esfuerzo y esa coincidencia, lo que también se ratificó es que la decisión final está en manos del futuro presidente, Donald Trump. Imprevisible en más de un sentido, lo que ayer quedaba claro es que con el futuro dueño de la Casa Blanca "no hay pista cierta de cuándo ni cuál será su decisión", dijo una fuente a LA NACION. La expectativa, por supuesto, es que sea favorable.

Ése fue el diagnóstico tras la audiencia técnica que la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) habilitó para tratar el "caso argentino". Se alude así a la peripecia sufrida por los beneficios que supo tener la Argentina bajo el Sistema General de Preferencias arancelarias (GPS, por sus siglas en inglés) y que se perdieron en 2012, en uno de los momentos de mayor tensión entre la administración de Cristina Kirchner y el gobierno Barack Obama. Se trata de un beneficio por el que más de 500 productos fabricados en la Argentina podían tener acceso al mercado norteamericano sin pagar aranceles. Una ventaja que, en conjunto, representa ventas por unos US$ 30 millones.

"Lo que hay que mirar no es tanto el monto del beneficio, sino las oportunidades comerciales que se abren", dijo a LA NACION Carla Martin Bonito, directora ejecutiva de Copal, la cámara que reúne a las principales compañías de alimentos. "Se trata de oportunidades que, sin el programa del GPS, no podrían generarse y que implican más posibilidades y más empleo", añadió. Por caso, en 2011, el último año que estuvo vigente, el beneficio alcanzó al 14% de las exportaciones de alimentos y bebidas al mercado norteamericano.

El panorama político ya había sido despejado en julio pasado, durante una visita del ministro de Producción, Francisco Cabrera. Ayer, al subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas, le tocó aclarar cuestiones técnicas. Sobre todo, en materia de compromiso con el respeto a la "propiedad intelectual" -un tema crucial para el comercio con este país, que suele denunciar la "piratería y el contrabando" en el nuestro- así como el impacto del programa en sectores sociales postergados.

En un comunicado, la Cámara de Exportadores argentinos apoyó la postura del país, al señalar que "las causas invocadas contra Argentina han sido superadas por el nuevo gobierno, que normalizó las relaciones financieras internacionales".