Por Carlos Burgueño - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúa preparando el escenario para el 3A. Esto es, el día después de finalizado el blanqueo y la moratoria impositiva; y la fecha en que desde el organismo que maneja Alberto Abad se amenaza con comenzar a lanzar una ofensiva inédita sobre más de un millón de contribuyentes que, según los datos que manejan en la AFIP, no tendrían su situación fiscal y tributaria en orden. Dentro del nuevo régimen del "Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)", por el cual la AFIP le aplicará una nota a más de 5 millones de personas y empresas anotadas ante el fisco, habrá un nuevo plan de pagos que el organismo reglamentará en los próximos días y que comenzará a aplicarse desde abril. La novedad, a diferencia de los planes de pagos que habitualmente ponía a disposición la repartición, es que ahora se piensa en reglamentar diferentes opciones que dependerán de la calificación que el contribuyente tenga ante la AFIP según el SIPER. Si la persona o empresa tiene una nota buena las opciones serán más beneficiosas. Si, por el contrario, el contribuyente está dentro de la lista negra de impositiva el plan de pagos será a plazos menores y con alta tasa de interés. 

Los planes de pagos serán, por el tipo de deuda y calificación histórica del contribuyente, más o menos accesibles según un nuevo criterio de "scoring" particular del organismo. Las cuotas podrán ir de 3 a 6 meses, con tasas que arrancarán en un 2,3% mensual llegando a casi el 3%. Si se trata de evasión impositiva de bienes personales, ganancias o cualquiera de los tributos que se pudieron regularizar en los planes vigentes hasta el 31 de marzo, con sus diferentes vencimientos la calificación ante la posibilidad de acceder a estos planes será aún peor. Si además, la persona es detectada y confirmada como evasora a partir de la información que llega desde el exterior a partir del intercambio de información entre la AFIP y los otros organismos recaudadores con los que se están firmando acuerdos bilaterales (Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros) se entenderá desde Impositiva que hubo una acción deliberada de esa persona de evadir impuestos, pese a la existencia del blanqueo de capitales. En estos casos, la AFIP hasta podría llegar a impedir que la persona se presente en los planes de pagos, y directamente impulsarle un juicio dentro de la ley penal tributaria. 

El organismo elaboró ya un primer esbozo o panorama sobre cuál es la situación fiscal de las casi 7 millones de personas o empresas que, de alguna un otra manera, podrían estar dentro de la mira de la AFIP para potenciales investigaciones y fiscalizaciones según su situación impositiva. Para esto se sumaron no sólo los contribuyentes expuestos (empresas, autónomos y monotributistas), sino los trabajadores en relación de dependencia que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, más otras personas físicas que según los datos que dispone el organismo realizaron en los últimos meses un nivel de gastos que no coincidiría con sus ingresos declarados. En especial se tuvieron en cuenta los volúmenes de consumo con tarjetas de crédito (en el país y el exterior), pagos de alquileres de edificios de alto nivel y las cuotas de los colegios de los hijos. Aseguran en la AFIP que hay datos de personas físicas que poseen propiedades de alto nivel y que no tienen ningún tipo de declaración jurada ante la AFIP. 

Según el criterio que se aplicará desde abril en el SIPER, unas 700.000 personas y empresas tendrían en la foto de comienzo de año un nivel "Muy Bueno" de comportamiento (Letra A); mientras que más de dos millones de contribuyentes serían calificados con un nivel de Bueno (letra B). Casi 1,2 millones de personas y empresas estarían ubicadas en la categoría de Regular o Nuevas Altas (letra C). Se aclara que en este caso se incluirían todos los contribuyentes que ingresaron en el llamado al blanqueo y la moratoria, aún los que no tienen historial ante la AFIP. En estos casos, el organismo no avanzará en fiscalizaciones directas, salvo que se detecte que el nivel de bienes sincerados es mmucho menor al detectado posteriormente en las investigaciones del organismo. Finalmente se calcula que habría unas 700.000 personas y empresas respectivamente, distribuidas entre la calificación de Mala (D) y Muy Mala (E). En estos casos, especialmente en el último caso, los datos de los que dispondría la AFIP serían comprometedores para los afectados, y cuando se conozca la nota (en abril), serían de los primeros en recibir fiscalizaciones.