Por Carlos Burgueño - El Gobierno cuenta las horas que restan antes de que Barack Obama abandone la Casa Blanca para que cumpla una de las promesas más importantes que le hizo a la Argentina: volver a aceptar al país en la lista de países beneficiarios del Sistema General de Preferencias (SGP). Esto implica abrir el mercado norteamericano a exportaciones puntuales para que puedan ingresar con beneficios de cupos y aranceles. Pero si no se llega a tiempo con la decisión de Obama (mañana deja su trabajo como presidente de los Estados Unidos) el Plan B es acelerar los contactos con la administración de Donald Trump y que este termine de cumplir con la promesa de su antecesor. Parece difícil, teniendo en cuenta que el leit motiv del republicano es cerrar la economía norteamericana. Sin embargo en Buenos Aires hay optimismo y se espera que Trump cumpla con lo que le dijo a Mauricio Macri cuando ambos hablaron telefónicamente a días de la victoria del próximo jefe de Estado de EE.UU. 

La Argentina estuvo dentro del beneficio que otorgan las SGP durante casi 10 años, entre 2002 y el 2012. Había sido Martín Redrado, cuando era secretario de Comercio Exterior del gobierno de Eduardo Duhalde, el que había negociado con el entonces viceministro de Comercio Norteamericano, Peter Allgeier, la apertura comercial (en ese momento para unos 52 productos) luego que personalmente el ex presidente George W. Bush haya dado la orden para que se incluyera al país en el sistema de preferencias. Fue tras una conversación personal de Duhalde con el norteamericano, en medio de la crisis terminal que vivía el país luego de la salida de la convertibilidad. El beneficio se mantuvo hasta marzo de 2012, cuando por decisión de la administración Obama se le comunicó al gobierno de Cristina de Kirchner que se quitaba al país del sistema, debido a la falta de pago de la Argentina a las empresas Asurix y CMS, litigantes vencedoras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por un monto cercano a los u$s300 millones. La Argentina argumentaba que no correspondía el pago, ya que las acciones de las compañías habían sido vendidas por los tenedores originarios a "fondos buitre" que litigaban contra el país en el juzgado de Thomas Griesa. 

La situación quedó empantanada hasta que en octubre del año pasado visitó el país la secretaria de Comercio de EE.UU., Penny Pritzker, y le prometió al ministro de Producción, Francisco Cabrera, volver a incluir a la Argentina en el esquema de las SGP. En principio la administración Obama cumplió con la promesa y abrió para el país dos mercados clave: el de limones y el de algunos cortes de carne. La visitante le prometió en esa reunión al ministro argentino que antes de fin de año la decisión sería tomada y que se negociarían unas 500 posiciones arancelarias más de apertura para exportaciones argentinas. Pritzker se había comprometido además a desburocratizar de parte de EE.UU. el comercio bilateral (un clásico de las trabas norteamericanas para las exportaciones de cualquier origen) y a poner al país en un régimen especial de financiamiento para envíos a ese mercado provenientes de plantas de empresas de capital norteamericano radicadas en terceros países. Sólo se concretaron, hasta hoy, los acuerdos por las exportaciones de limones y algo de carne. El resto quedó en el escritorio de Obama, que tiene desde hoy 48 horas para ocuparse del caso argentino. Luego será responsabilidad de Trump. No es poco dinero el que está en juego. Se supone que podría beneficiar a exportaciones argentinas de entre 500 y 1.000 millones anuales. La decisión de incluir (o quitar) a un estado del listado de beneficiarios es esencialmente política. Y se toma en lo más alto del poder norteamericano. Actualmente no son más de 50 los estados beneficiados. En el caso de América Latina se incluyen en el listado Perú, Brasil (lo negoció personalmente Lula da Silva en su presidencia), México, Colombia, Uruguay y Chile. Entre los que fueron expulsados, como la Argentina, en los últimos años están Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Obviamente obedeció a cuestiones de política exterior más que de apertura comercial. Desde el viernes, con Donald Trump en Washington, comenzará una nueva etapa.