Tal como estaba previsto, el Gobierno modificó, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado ayer en el Boletín Oficial, la ley que rige el sistema de riesgos del trabajo con la incorporación del rol de comisiones médicas que, en los casos de accidentes laborales, deberán expedirse sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad.

Se trata de una reforma que contaba con media reforma del Senado y debía aún ser tratada por Diputados, pero el Gobierno entendió que "esperar los tiempos habituales del trámite legislativo" implicaría "un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".

Así lo expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos del Decreto 54/2017, con las firmas del presidente, Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de todos los ministros del Gabinete.

Allí, el Ejecutivo reivindica el Sistema de Riesgos del Trabajo creado a través de la Ley 24.557, pero señala que "la experiencia recogida ha puesto en evidencia sus fortalezas y debilidades" y destaca la necesidad de "corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas".

"Tal afectación se ha agravado al punto que, en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales", señala el decreto.

Tras citar el denominado fallo "Castillo" -por el cual en 2004 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de un inciso de la norma señalando que no cumplía debidamente la premisa de que la federalización estuviera fundada en necesidades reales-, el Decreto 54/2017 advierte sobre la "proliferación de litigios individuales" que esa situación disparó. De hecho, indica que lo que ocurrió fue que se generalizó "el concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias para asegurar reparaciones suficientes".

En este sentido, el decreto establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán "la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial". Además, les fija un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".