Por Néstor O. Scibona - No en vano el primer slide proyectado ayer por el ministro Juan José Aranguren explica cómo funciona el servicio de electricidad en sus tres eslabones (generación, transporte y distribución) hasta llegar a los usuarios. Y que la factura se compone del precio estacional mayorista (27% del total); valor agregado de distribución y transporte (47%), e impuestos nacionales, provinciales y municipales (26%). Salvo en este último rubro, en los otros dos hay varias sorpresas que impactarán en el bolsillo según cada una de las ocho categorías en que se subdividen los cuatro niveles de consumo eléctrico mensual.

Dentro de este rompecabezas tarifario, la primera sorpresa es que el aumento dispuesto para las distribuidoras Edenor y Edesur será desdoblado entre febrero y marzo (con doble peso en este último), para repartir entre estos dos meses su impacto en el índice de precios al consumidor. Así, el Gobierno recogió la lección del año anterior, cuando el "tarifazo" de tres dígitos comenzó a regir a pleno desde febrero, un mes de fuerte calor y, por ende, alto consumo, tras 12 años de virtual congelamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De todos modos, marzo no suele arrancar con temperaturas bajas. Lo ideal hubiera sido aplicarlo a partir de abril, pero en ese caso se superpondrían con los aumentos ya previstos para el gas natural.

Otra sorpresa es que el precio de la energía eléctrica mayorista (PEM) habrá de duplicarse, al pasar de $ 320 por MWh a $ 400 en febrero y a $ 640 en marzo, salvo que los usuarios residenciales logren reducir en 20% su consumo mensual con respecto al mismo período de 2015.

Esta medida tendrá impacto en los usuarios de todo el país, aunque será mayor en el AMBA, ya que en las provincias el valor de distribución (VAD) no está tan desactualizado. Aquí el significado es macroeconómico: el gobierno de Mauricio Macri espera reducir los subsidios estatales a fin de aliviar el déficit fiscal de caja y su correlato sobre la inflación. Fernando Navajas (economista jefe de FIEL) estima el impacto fiscal de estas medidas en unos 2000 millones de dólares anuales (equivalentes a $ 32.000/36.000 millones), que en dos tercios corresponden a Cammesa (la operadora mayorista estatal) y un tercio al menor déficit de las dos distribuidoras del AMBA.

Reducción de subsidios

El objetivo oficial es que, con los ajustes de este año, las tarifas residenciales cubran el 47% del precio mayorista y que el 53% subsidiado vaya reduciéndose gradualmente hasta 2021. En el caso de los grandes usuarios industriales, el PEM se ubicará en $ 1070/MWh, con una suba de 38%. En cambio, las pymes y empresas electrointensivas no tendrán cargos en los primeros 600 MWh para no afectar su competitividad.

Más allá de estos datos técnicos, el arranque del año electoral mostró novedades en materia de comunicación. Los funcionarios del área energética optaron por poner más énfasis en el monto de las nuevas facturas que en los porcentajes de aumento. Estos últimos surgen en función del consumo mensual y sólo llegan a los tres dígitos (148%) para la categoría más alta (5% del total). Para el 40% de los usuarios residenciales, en cambio, el ajuste será de algo más de la mitad (77%), aunque los gráficos destacan que pagarán $ 410 por mes. Incluso la tarifa social tendrá un ajuste de 35%, que implicará un gasto extra de 24 pesos mensuales en marzo. Sin embargo, no se precisó con claridad que el valor de distribución en el AMBA sería fraccionado en 42% en febrero, otro 19% en noviembre (después de las elecciones) y 17% en marzo de 2018. Del mismo modo, el precio estacional mayorista será revisado antes de fin de año, según el impacto que tenga la incorporación de energías renovables y gas en la matriz de generación.

Navajas opina que si bien las medidas van en la dirección correcta, debería excluirse a la tarifa social de la formación de los precios, para transformarla en un subsidio de suma fija a la demanda de luz y gas, y que todavía se está lejos de llegar a un mercado eléctrico competitivo. También, que van a existir un impacto en los precios en el corto plazo y un efecto estabilización por caída del déficit. "Negar los efectos de corto plazo en los precios no es correcto. Para lidiar con esto es justamente que tenemos al BCRA", concluye.ß