El Gobierno percibirá este año un ahorro de $39.000 millones en subsidios sólo por haber resuelto subir la tarifa eléctrica a partir de este mes hasta un 148% en algunos casos, y tiene previsto ampliarlo en unos $30.000 millones más hasta fin de año con el ajuste de otros servicios públicos.

La reducción de los subsidios por el servicio de la luz, que se había resistido a precisar ante los medios el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue estimada ayer a este diario por una fuente oficial. Representa un 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y marca sólo el inicio de un proyecto más ambicioso que apuntará tanto a bajar el gasto público como a incrementar la recaudación. Este año, la quita de subsidios llegará al 0,9% del PBI ($70.000 millones), apuntalada en parte por un nuevo aumento en la tarifa en gas, que se producirá a partir de abril.

Con todo, el beneficio que el Estado percibirá por estas medidas podría ser aún mayor. En primer lugar, porque el ajuste de tarifas no sólo reduce el gasto del Gobierno, sino que también impulsa proporcionalmente su recaudación. En una boleta de luz de Capital Federal, los impuestos representan actualmente el 26% del subtotal; y en una del Gran Buenos Aires, el 40%. En segundo lugar, el Ejecutivo podría percibir un beneficio más amplio en el caso de que decida hacer otro aumento en el precio mayorista de la electricidad (algo que, según se reconoció, aún no está decidido).

Pero los ingresos fiscales tendrán, a su vez, un atenuante. Ayer, el Gobierno dispuso una suba en los precios que perciben las generadoras de electricidad y un incentivo para que se concreten las inversiones que mejoren el nivel de disponibilidad de las centrales (ver pág. 7).

Las transferencias del Gobierno al sistema eléctrico habían llegado a ser en 2016 de unos $150.000 millones. Y hubieran alcanzado este año, de no haber mediado un ajuste, $200.000 millones. Con la suba en el costo de la luz, finalmente, el Estado pasará de subsidiar el 70% al 53% de la tarifa. 

En el último año del kirchnerismo, el Estado había llegado a pagar en subsidios el 4,1% del PBI. El año pasado, ese ratio se redujo al 3,6% y, en diciembre próximo, quedará en 2,7%. 

Durante 2016, el Ministerio de Hacienda debió abocarse, además, a pagar deuda flotante por $160.000 millones. En muchos casos, a compañías (no sólo del sector energético), y en otros, a gobiernos provinciales. Una buena parte de este total estuvo representada por servicios pendientes de pago sobre los que durante la gestión anterior no se habían emitido facturas. Esta deuda flotante "no registrada" se ubicó entre los $40.000 millones y los $60.000 millones. Los funcionarios explican que, con esto, "el objetivo fue regularizar los compromisos asumidos, para dar previsibilidad a los proveedores del Estado y evitar que éstos terminen cargando los costos de la "incobrabilidad" en el presupuesto de las obras. Tras los pagos, la deuda flotante quedó este año en los $75.000 millones. 

El Ministerio de Hacienda tiene previsto además desembolsar este año unos $75.000 millones por la "reparación histórica" que se comprometió a implementar con el reajuste de haberes de los jubilados. En 2016, los desembolsos por este programa se habían ubicado cerca de los $5.000 millones.