Por Mariano Martín - El conflicto bancario quedó zanjado anoche con un aumento salarial que totalizará 24,3% y llevará el sueldo inicial en la actividad a 25.500 pesos. Además de garantizar el funcionamiento hoy de las entidades financieras, el arreglo promete subir la vara de las paritarias de este año, en las que el Gobierno aspiraba a fijar una referencia de 18 por ciento. La suba incluye un 4% en concepto de recomposición por la pérdida de poder adquisitivo durante 2016 y un 19,5%, acumulativo, para este año. El entendimiento prevé una cláusula gatillo de revisión ante una eventual disparada inflacionaria y un bono de hasta 39 mil pesos por el Día del Bancario. 

La firma de la primera paritaria grande del año a nivel nacional llegó al cabo de varias horas de negociaciones en el Ministerio de Trabajo entre la Asociación Bancaria y las cuatro cámaras que agrupan las entidades financieras. El modelo a discutir fue una suba que el sindicato había pactado en noviembre pasado con dos de esas entidades para los primeros tres meses del año y que nunca se llegó a aplicar por la negativa de la cartera laboral a homologarlo. El equipo de Jorge Triaca interpretaba que aquel arreglo, de un porcentaje similar al firmado anoche, daría por tierra definitivamente con la expectativa de encarrilar las paritarias de este año por debajo del 20%. 

El acta suscripta por el gremio y las cámaras Adeba (bancos nacionales privados), Abappra (banca pública y cooperativa), ABA (extranjeros) y ABE (especializados o "de segundo piso") prevé un ajuste desde enero de 4% que se acumula a otro de 19,5%. En el Gobierno intentarán marcar el segundo ajuste como el correspondiente a 2017 bajo la lógica de que este año sólo se aceptará negociar la inflación futura, más allá de que el 4% adicional se negoció como compensación por el desfase en la paritaria 2016. 

Según el sindicato, ese ajuste totaliza 24,3% y será aplicable a "todos los adicionales convencionales y no convencionales". También se acordó "una actualización automática e inmediata toda vez que la inflación supere el 19,5%" que será "retroactiva al 1 de enero" de este año, añadió La Bancaria. Y un bono por el Día del Bancario que tendrá un piso de $21.600 y un techo de 39 mil pesos de acuerdo con la categoría del empleado. 

La discusión en el sector financiero anticipó la apertura de la ronda de paritarias de este año. En los períodos anteriores el gremio que encabeza Sergio Palazzo solía llegar a un acuerdo transitorio con los bancos a fin de año para diferir el arranque de la negociación hasta marzo a cambio de subas parciales. De hecho, ese acuerdo se alcanzó en noviembre con Adeba y Abappra por un total nominal de 23,5%, pero Trabajo lo bloqueó en alianza con ABA. La controversia escaló una vez que el sindicato obtuvo de la Justicia una resolución favorable a la aplicación del aumento, en dos fallos consecutivos, a pesar de las apelaciones de funcionarios y banqueros en una estrategia común. 

Aunque la suba supera la pauta de 18% que alentaba el Ejecutivo en espejo con el acuerdo con los estatales bonaerenses, cerca de Triaca se jactaron de haber extendido a todo el año un arreglo inicialmente pautado para un trimestre, así como de la eliminación de un ítem no remunerativo que el sindicato quería imponer como compensación por el pago del Impuesto a las Ganancias. El anzuelo para lograrlo fue la garantía de reabrir la paritaria en caso de una suba de la inflación por encima de los parámetros negociados, como había anticipado este diario cuando dio cuenta de la decisión oficial de habilitar este año las cláusulas gatillo. 

Se trata de un instrumento que, aunque suele aparecer en las discusiones bajo designaciones diversas, fue en los últimos años una suerte de tabú: el Gobierno anterior rehuía de esas cláusulas porque alegaban que restaba seguridad jurídica a los acuerdos firmados. En esa administración, con un Indec intervenido y sin un valor inflacionario único, cada organización podía esgrimir su propia medición para reabrir su debate. 

En el caso de los bancarios la agudización del conflicto tuvo aristas políticas y ligadas a la interna de la CGT. Entre las primeras, el Gobierno relacionó la intransigencia de Palazzo con un aparente alineamiento con Cristina de Kirchner. Así buscaba neutralizar un eventual efecto contagio en la ronda de negociaciones. El sindicalista también resultó incómodo para la central obrera mayoritaria, en la que aguijoneó desde el año pasado de manera constante por iniciar medidas de fuerza contra la administración de Mauricio Macri.