Por Néstor Scibona - Las metas fiscales anunciadas por el ministro Nicolás Dujovne para 2017/2019 introducen varios cambios en la presentación de las cuentas del sector público nacional, pero en esencia mantienen la política gradualista basada en la disminución del peso relativo del Estado a través de un crecimiento del PBI que demora en hacerse sentir. Su cumplimiento dependerá no sólo de la recuperación de la actividad económica, sino también del escenario político pre y post electoral.

Un dato a favor es que ahora habrá más transparencia en el destino del gasto público y el uso de los ingresos genuinos, sin la "contabilidad creativa" que en los últimos años del kirchnerismo (e incluso parcialmente en la gestión Prat Gay) enturbió los cálculos del déficit fiscal.

Sin embargo, la definición más relevante es que el objetivo de bajar el déficit primario a razón de un punto de PBI por año (desde 4,2% en 2017) se apoyará casi íntegramente en la reducción de los subsidios a la electricidad y el gas a cambio de precios y tarifas más altas y, en menor medida, al transporte público (por el impacto social de los aumentos en trenes y colectivos), para dejar más espacio a la inversión pública. En cambio, el resto del gasto corriente se mantendrá estable en términos reales, apoyado en el congelamiento de la planta de personal. Así, sus salarios subirían en función de la inflación y descenderán en términos de PBI si se cumple el crecimiento de 3,5% anual. O sea que el gradualismo va de la expansión del PBI a la reducción del gasto y no a la inversa. Para prevenir o corregir desvíos, el Palacio de Hacienda fijará metas trimestrales y difundirá públicamente su resultado.

Aun así, el punto de llegada (déficit primario de 2,2% del PBI para 2019) será bastante más alto que el fijado por el gobierno hace 13 meses (0,9%). Una brecha que Dujovne explicó en la "reparación histórica" a jubilados, las tarifas sociales, otros subsidios a sectores vulnerables y transferencias a provincias, que ahora se verán con más claridad.

Otro dato clave es que los cambios de fondo quedarán para después de las elecciones de octubre. El ministro confirmó que la anunciada reforma tributaria será debatida en 2018. Pero, a juzgar por sus proyecciones de ingresos (con una baja de apenas 0,1% del PBI por año), luce bastante "amarreta" para alentar demasiadas expectativas de menor presión impositiva. Según la explicación oficial, su efecto deberá ser neutro sobre los recursos fiscales, que en 2018 tendrán el impacto de la baja de 5 puntos anuales en las retenciones a la soja. Así, se limitaría a la baja de alícuotas en gravámenes donde crezca la base imponible o al reemplazo de impuestos distorsivos por otros más racionales. Como una reforma de mayor alcance aumentaría el déficit si no se modifica la estructura del gasto, la Casa Rosada buscará acordar con los gobernadores una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y cambios en los próximos presupuestos. Todo esto aún está en pañales.

La apuesta de Hacienda a un sendero descendente del déficit primario es que reduzca el costo del endeudamiento externo para financiarlo. Pero, mientras tanto, el fuerte ingreso de divisas aprecia el peso y eleva los costos (entre ellos, los tributarios) en dólares. Una mala noticia para la inversión privada que debería apuntalar la expansión del PBI.