El Gobierno aumentó ayer el déficit financiero de este año en $ 4643,9 millones por medio de una decisión administrativa, publicada en el Boletín Oficial, que asigna más fondos a las provincias, al Ministerio de Agroindustria, a la empresa que maneja las centrales nucleares y a la compañía estatal de energía Enarsa, entre otros organismos.

En cambio, redujo en $ 16.329,4 millones la partida de Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico y la mayor beneficiada con los subsidios del Estado.

El aporte más sustancial es para el fondo federal solidario -destinado a financiar obras que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial- por $ 5000 millones.

Luego siguen aportes del Tesoro nacional (ATN) para las provincias, por $ 3508 millones, según las planillas analizadas por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

También se amplió el crédito para la Empresa Nucleoeléctrica Argentina en $ 3000 millones y para Enarsa, en $ 2239,8 millones.

Por otro lado, a través de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, se destinaron $ 550 millones al Poder Legislativo, $ 500 millones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, $ 170 millones al Sedronar, $ 700 millones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, $ 300 millones al Ministerio de Ambiente, $ 300 millones al INTA, $ 100 millones al Conicet, $ 150 millones para la Conae y $ 67 millones para el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.

Además, se incrementó en $ 1985 millones el gasto de la Secretaría de Comunicación Pública para publicidad y propaganda, a partir de la cancelación de deudas tributarias de los medios de comunicación.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, esta modificación responde a los decretos 1145/2009 y 852/2014, que establecieron un sistema de "dación de pago" que permite que medios y productoras canjeen deudas impositivas y previsionales por espacios publicitarios. "No es dinero adicional", sostuvieron en el Gobierno.

Las ampliaciones y modificaciones presupuestarias fueron moneda corriente en el kirchnerismo, que llegó a hacer un uso excesivo de ese recurso para contar con la libre disponibilidad de fondos cuyo destino no había sido aprobado por el Congreso.

La administración de Mauricio Macri, sin embargo, intentó para este año utilizar un presupuesto más ajustado a la realidad, aunque debió hacer esta modificación a poco más de dos meses de aprobado el presupuesto de este año. El año pasado, cuando usó un presupuesto que había sido confeccionado por la gestión de Cristina Kirchner, también acudió a estos cambios.

Por ejemplo, en septiembre de 2016, mediante una decisión administrativa que fue firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dispuso una ampliación presupuestaria de $ 95.356 millones. Según el documento, $ 74.726 millones de la ampliación presupuestaria se utilizaron para el pago de deuda en pesos a largo plazo, mientras que los $ 20.630 millones restantes se destinaron a nuevos endeudamientos en moneda extranjera.

Con este monto, indicó la norma, el Gobierno afrontaría los compromisos pasados, compuestos por $ 40.153 millones en servicios de deuda en moneda nacional, $ 49.822 millones en moneda extranjera y $ 5382 millones correspondientes a préstamos del sector externo e instituciones públicas financieras.

Ese mismo mes, la administración de Macri llevó adelante una megaoperación que aumentó el gasto en más de $ 148.000 millones. Mediante un DNU, aumentó en 8,9% sus recursos. La cartera más beneficiada con los cambios fue el Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, que recibió un refuerzo de $ 69.643 millones, de los cuales la enorme mayoría irán a subsidios, y sólo $ 2000 millones, a inversiones.

Este año, sin embargo, ese ministerio parece requerir menos recursos debido a los aumentos de tarifas y a la caída en los precios internacionales de la energía, que colaboraron con una reducción de los subsidios.