Pasado el susto por los incidentes durante la marcha, la CGT volvió a su lógica habitual de analizar el siguiente paso. La amenaza de un paro general, agigantada por el reclamo de los concurrentes al acto de ponerle fecha, será puesta en juego frente al Gobierno en el próximo contacto que tendrá la dirigencia con los funcionarios: la condición para no escalar el plan de lucha será abrirle a la central obrera espacios de participación en la gestión económica. Esa formulación, ambigua, implicará desde extremos como la regulación del comercio exterior, protección a sectores industriales y un freno efectivo a los despidos hasta objetivos más pedestres como retomar el control de los fondos de las obras sociales o repartir en la dirigencia lugares de decisión ejecutiva.

En la cúpula de la CGT imperaba ayer el entusiasmo por la masividad de la convocatoria por encima de los pases de factura por las grescas sobre el final del acto. La percepción es que hoy mismo se retomará el contacto con el Ejecutivo por parte de los dirigentes que habitualmente ejercen esa interlocución, como Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Hasta ayer no había llegado "ni un mensaje de texto ni un WhatsApp" de parte de los funcionarios, reconoció un consejero del triunvirato. 

El análisis se hizo en una sede del gremio de Comercio ubicada a metros de donde fue emplazado el palco. Allí fueron a refugiarse de los incidentes gremialistas como el dueño de casa, Armando Cavalieri; los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación) y Francisco Gutiérrez (metalúrgicos), entre otros. De esas conversaciones surgieron los primeros relevamientos de la concurrencia: Héctor Daer dijo públicamente que habían asistido 800 mil personas aunque en su entorno rebajaron a 500 mil esa previsión. Entre los organizadores indicaron que habían ido no menos de 400 mil personas, por encima de las previsiones originales. 

Más allá del número la central obrera alega haber sido la principal fuente de participantes, con un segundo plano para los movimientos sociales y, más atrás en número, las agrupaciones políticas que asistieron. Reconocieron, sin embargo, que un pequeño grupo de militantes sindicados como de La Cámpora, de Berazategui (en teoría alineados con el intendente Juan Patricio Mussi) y unos pocos de Avellaneda fueron los que más hostigaron desde la parte posterior del palco a los triunviros durante sus discursos, y que en definitiva lograron efecto contagio entre la concurrencia. 

Esa tensión dividió la dirigencia gremial entre los que habitualmente cultivan el arte de la negociación, como los "gordos" de los grandes gremios de servicios que lograron evitar ponerle la fecha a la medida de fuerza, y los auspiciantes de una radicalización de las posiciones contra el Gobierno. En este segundo grupo se encontraron dos enemigos: Gutiérrez, de la UOM, uno de los mayores agitadores de las protestas (su gremio fue el mayor damnificado por el parate en la actividad y la apertura de importaciones), y Pablo Moyano, que confrontó al metalúrgico como intendente de Quilmes por la municipalización de los servicios de recolección en el distrito y luego, como pares en el Consejo Directivo de CGT. Ambos, a su manera, arengaron desde el palco a quienes reclamaban fijar el día de la huelga. 

Pero más allá de ese episodio, que ensombreció el acto y les insufló optimismo a algunos funcionarios, en la cúpula de la central obrera dan por hecho que si el Gobierno interpreta de manera correcta el resultado del acto se abrirá una nueva instancia de negociación. Para ese ámbito los antecedentes no son favorables: la última mesa de fin del año pasado determinó un freno a los despidos que jamás fue cumplido por el sector empresario y un bono de al menos $2.000 que sólo fue refrendado en contados sectores patronales. 

Como agravante, semanas atrás el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les había advertido a los gremialistas que la canilla de fondos para las obras sociales pasaba a ser parte de sus resortes de control y no ya de Luis Scervino, el superintendente de Salud, puesto a pedido de la CGT. Se trataba de un aviso destinado a bajar los decibeles de la conflictividad y que ahora puede convertirse una vez más en prenda de cambio para la dirigencia. 

En un repaso rápido en la cúspide de la CGT explican que retomar el control de esos recursos puede ser un primer paso y una muestra de buena voluntad aunque insuficiente: nadie debería festejar que le devuelvan lo que el mismo protagonista le había sacado, razonan en la central. 

En cambio los referentes verían con buenos ojos un recambio de funcionarios en algunas áreas sensibles: a la cabeza, y de ahí el sitio de la movilización, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, a quien culpan de la sentencia de muerte decretada contra la industria local de computadoras a partir de la apertura de importaciones. Lo mismo corre para el secretario de Comercio, Miguel Braun.