Por Noelia Barral Grigera - La Cámara de Diputados retomará la actividad esta semana con una intensa actividad en comisiones, adonde se debatirán algunos proyectos que el presidente Mauricio Macri le reclamó al Congreso el 1 de marzo, como la iniciativa para penalizar a las empresas que paguen coimas. Además, la oposición mantendrá la atención sobre el acuerdo que firmaron el Estado y el Correo Argentino y que por pedido del Gobierno quedó en stand by, con la citación a la comisión de Comunicaciones del síndico General, Ignacio Rial.

La iniciativa oficial para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción será tratada el martes a las 15 en la comisión de Legislación Penal. Ese proyecto es un requisito de la Convención para combatir el Cohecho Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con su aprobación, la Argentina podría mejorar su calificación en ese organismo. Esta semana, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, estará en reuniones de la OCDE en París, Francia.

El Gobierno había enviado el proyecto en octubre del año pasado, aunque nunca fue debatido. En las últimas semanas, a la luz de la crisis de conflictos de intereses que cruzaron a la administración macrista, el propio Presidente reclamó reactivar la iniciativa, en el marco de su estrategia para intentar despegar a su administración de los escándalos provocados por el acuerdo con el Correo Argentino y la aparición de transferencias bancarias al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, vinculadas a la firma Odebrecht en el marco de la mega causa por corrupción que investiga Brasil, conocida como Lava Jato.

El proyecto alcanza a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y cooperativas; las que tendrán responsabilidad penal en casos de malversación de fondos, negociaciones incompatibles con funciones públicas y exacciones ilegales.

Esas instituciones podrían ser condenadas incluso cuando la Justicia falle en identificar a la persona física involucrada en las coimas, siempre que se verifique que el ilícito ocurrió dentro del ámbito de la empresa. En cambio, las organizaciones no serán responsables si se comprueba que el delito fue realizado para el beneficio de la persona que lo cometió.

El mismo día y a la misma hora, la comisión de Comunicaciones recibirá al síndico Rial para pedirle su opinión sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo, en el litigio por la deuda que la empresa acumulaba desde hace más de diez años. Acuerdo que la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, cuestionó por abusivo.

Dos días más tarde, el tema seguirá concentrando la atención, aunque más allá de las paredes del Congreso. La Cámara en lo Comercial recibirá el jueves a los representantes del Estado, del Correo, y a la fiscal Boquín para celebrar una nueva audiencia en la que el Gobierno intentará deshacer lo actuado, es decir, el acuerdo ya aceptado por el ministro Oscar Aguad, y llegar a un nuevo compromiso de pago más beneficioso para el Estado.

La propuesta original implicaba una quita del 98,2% de la deuda. En el marco del pedido de "mayor transparencia" que había hecho el Gobierno, la fiscal Boquín le solicitó el viernes último a la Cámara que habilite la filmación de la audiencia. Le fue denegado.