Por Dolores Olveira - La Justicia avaló ayer todo lo hecho por el Indec durante el gobierno de Cristina Kirchner, y bajo esa premisa, rechazó la pretensión de un litigante que quería cobrar más por sus bonos atados al coeficiente CER, elaborado sobre la base de índices de precios al consumidor, y que consideraba que se había subestimado la inflación.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo ayer en la causa "Mariscotti, Raúl Esteban Pedro Pablo c/ EN (Bonos de consolidación 4 serie 2) s/ Proceso de conocimiento".

El voto que apoya radicalmente todo lo hecho por el Indec y la validez de los índices que emanó en la era K, al tiempo que ahorra millones de pesos al gobierno de Mauricio Macri, es del camarista Sergio Fernández, que fue nombrado en aquella época pero luego habría trabado buenos vínculos con operadores judiciales de la actual administración desde el puesto que ocupa en el Tribunal de Etica de la AFA.

Los otros dos miembros de la Cámara, Jorge Argento y Carlos Grecco adhieren al voto de Fernández en un fallo unánime, aunque Grecco sería el que había tenido más dudas.

El juez de primera instancia había rechazado la demanda de Mariscotti para cobrar $ 6089,93 en concepto de cupones 13 a 24 vencidos en 2007 y $ 26.363,41 correspondiente a los cupones 25 a 36 vencidos en 2008 de Bonos de Consolidación Cuarta Serie 2% ajustable por CER, con más los respectivos intereses y costos judiciales. Para ello, sostuvo que esos cupones le han sido mal pagados en razón de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) calculó los mismos teniendo en consideración coeficientes CER elaborados sobre la base de índices de precios al consumidor formulados en defecto y que, a partir de enero de 2007, se produjeron cambios metodológicos arbitrarios e ilegales para su determinación por parte de las autoridades del instituto.

Tras la apelación, Fernández le responde, por una parte, que el dictado de la Emergencia Estadística por parte de la gestión de Jorge Todesca al frente del Indec no acreditan "reconocimiento alguno por parte del Estado nacional de un error en el cálculo del IPC por parte del Instituto a través de cambios metodológicos arbitrarios o ilegales".

Después desmereció la prueba presentada, que incluyó un informe técnico de la UBA, informes periciales y "numerosa documental consistente en artículos periodísticos".

Para Fernández, esos "informes no logran acreditar de qué manera se habría elaborado en forma errónea el IPC, puesto que la información primaria empleada en su cálculo no ha sido objeto de análisis, así como tampoco ha sido auditada por los organismos de control pertinentes (Sindicatura General de la Nación y/o Auditoría General de la Nación)".

Por último, en el punto 7, Fernández analiza la supuesta alteración de la metodología empleada por el Indec.

Se fija especialmente en la Metodología 13 a la que otorga "cardinal relevancia" y que es cuestionada por el litigante, ya que es la que se usa para el IPC del Gran Buenos Aires con base en 1999.

Indica que la misma metodología contempla las actualizaciones y la modificación de productos, variedades y ponderaciones, lo cual me lleva a la conclusión de que las supuestas alteraciones en la metodología denunciadas por la actora, jamás podrían llegar a ser tales. "En consecuencia, deben desestimarse las quejas en torno a este punto", remarca.

Por último, rechaza por irrazonable y arbitrario que se pida utilizar en forma alternativa IPCs provinciales porque "toman distinto número de variedades y las canastas de productos son sustantivamente diferentes", y por tanto, las ponderaciones e incidencias son por completo distintas.