Por Carlos Burgueño - El Ministerio de Hacienda ya tiene definida la prórroga del blanqueo de capitales y de la moratoria de impuestos que vence el 31 de diciembre; plazo que, en principio, podría correrse hasta fin de mayo o junio. Lo único que restaría definir es si la decisión se toma de una manera global y completa o parcial y selectiva. En el primer caso, la decisión se tomaría a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obviamente llevará la firma de Mauricio Macri; y que luego se envíe un proyecto de ley al Congreso para que ratifique la decisión. En la segunda versión, más escueta en cuanto al alcance, se aplicaría una prórroga pero sólo parcial y para el pago del impuesto al 15% del capital sincerado; lo que obligaría a los contribuyentes a, al menos, iniciar el trámite antes de fin de este mes.

Según el Gobierno, ambos llamados resultaron "exitosísimos" y, como piso, les habrían aportado a datos de comienzos de marzo unos u$s130.000 millones por el blanqueo y otro tanto por la moratoria de impuesto, para el ministerio que dirige Nicolás Dujovne y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Abad, si terminara en tiempo y forma el 31 de marzo, el llamado habrá sido una experiencia única en términos de ingresos fiscales para el Gobierno. Sin embargo, y tal como adelantó el jueves pasado este diario, la decisión de prorrogar ambos llamados, la presión del sector privado para que se aplique una prórroga es mucha. Lo piden los colegios profesionales de ciencias económicas (contadores), las cámaras empresariales comenzando por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), los fondos de inversión que tienen en los dólares blanqueados gran parte del dinero para este año y que supera en casi un 50% al capital del 2016 y es reclamado por los contribuyentes que aún necesitan de una perspectiva mayor sobre el futuro de la economía argentina para los próximos meses. Pero también es reclamado por muchos ministros de Hacienda de varias gobernaciones, que vieron en los dos primeros meses del año cómo los ingresos del sinceramiento le permitieron disponer de fondos frescos y no presupuestados originalmente para encarar el dificilísimo, fiscalmente hablando, 2017. El escollo es que el llamado fue autorizado por ley del Congreso Nacional (Ley 27.260 del Régimen de Sinceramiento Fiscal), y, teóricamente, sólo los diputados y senadores pueden prorrogar el vencimiento con los mismos alcance que la norma original aprobada en mayo de 2015. El problema ahora es que sólo restan 10 días hábiles y los siempre laxos tiempos legislativos no alcanzan para que la prorroga se oficialice por una nueva ley. 

Por esto el Gobierno analiza las dos opciones mencionadas. En la primera, la políticamente más jugada, implica que Mauricio Macri disponga de un DNU donde en los considerandos se explique que la decisión se toma ante la urgencia que representa el vencimiento del llamado y la necesidad de atender a los reclamos de las provincias, las cámaras empresarias, los colegios profesionales, los inversores y los contribuyentes. Se necesitaría luego que el Congreso avale el DNU, que en el momento mismo de ser firmado tendría que ser acompañado de un proyecto de ley. Se reconoce que la institucionalidad de un DNU sin una ley que lo avale es precaria y que serían pocos los contribuyentes interesados en blanquear millonarios capitales radicados dentro o fuera del país sin una ley respaldatoria y ante la posibilidad que la prórroga se declare inconstitucional. Lo que buscaría el Gobierno es que el Congreso trate el tema a comienzos de abril y que para fin de mes esté aprobado con lo que Hacienda y la AFIP tendrían tiempo hasta mayo o junio para continuar con el llamado. Para que esta estrategia rinda resultados, el Gobierno deberá en estos 10 días negociar directamente con los gobernadores interesados para que sean ellos los que hablen con sus legisladores para que avalen el quórum primero y el voto positivo después de la prórroga del llamado. 

Si no resultaran las negociaciones legislativas, el Gobierno analiza un Plan B. Sería aplicar una prórroga del llamado, pero con limitaciones. Como la Ley 27.260 le permite al oficialismo establecer los tiempos, plazos y condiciones del llamado, pero no sus alcances y beneficios impositivos y fiscales del blanqueo; lo que se podría aplicar es una prórroga, también hasta mayo o junio, pero siempre que el contribuyente en cuestión haya adelantado antes del 31 de marzo alguno de los puntos del trámite. El antecedente legal que se tiene en cuenta desde Hacienda, es la decisión que había tomado Alfonso Prat Gay el 20 de octubre del año pasado, y que tuvo un aval judicial, que le permitía a los contribuyentes que ya habían abierto la Cuenta Especial donde se depositaría el dinero del blanqueo a terminar los trámites luego del vencimiento de la segunda etapa del blanqueo del 31 de octubre. Con esto el gobierno les dio mas tiempo a los interesados en definir el trámite sólo con la decisión de abrir las cuentas bancarias. Según explicó la AFIP en esos días, este movimiento permitió que los contribuyentes tengan más tiempo para definir la manera de blanquear capitales dentro o fuera del país, tanto en pesos como en moneda extranjera.

Otra opción sería que antes del vencimiento del 31 de marzo, se obligue a los interesados a abrir las cuentas especiales y a presentar la documentación de los capitales y bienes a reconocer ante la AFIP, pero que luego se trabaje sobre los plazos para liquidar el 15% de multa que debe pagar el contribuyente que se sume al llamado.