Por Florencia Donovan - El Gobierno impulsará en los próximos días su propia propuesta para regular el mercado de alquileres. En rigor, se plantearán una serie de correcciones al proyecto que a fines del año pasado había obtenido media sanción del Senado, y que había sido originalmente impulsado por el Frente para la Victoria. La iniciativa oficial forma parte del acuerdo sectorial que el Gobierno anunciará en los próximos días con la industria y los gremios de la construcción, y que contempla además, el lanzamiento de créditos hipotecarios de los bancos para financiar a desarrolladoras inmobiliarias que construyan viviendas para la clase media.

"Hay decisión de avanzar con una legislación respecto del tema alquileres para que bajen los costos para los inquilinos", confió a LA NACION el presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Daniel Lipovetzky (PRO).

Una de las propuestas del oficialismo será dividir entre los alquileres para vivienda y los que son para uso comercial. Se piensa abarcar a aquellos de hasta $ 15.000 mensuales, en el primer caso, y de hasta $ 25.000, en el segundo. El tope, sin embargo, estará expresado en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la unidad creada por el Banco Central para ajustar hipotecas, que representa el valor de una milésima de metro cuadrado de construcción, y que además se ajusta por la inflación. Al valor de hoy de la UVA, serían algo así como 833 UVA para el caso de los alquileres para uso particular y de 1389 UVA para los de uso comercial.

"No vamos a involucrarnos en un alquiler en Puerto Madero ni el que firman las grandes marcas en shoppings; esos serán contratos entre privados. Apuntamos a los que no tienen tanto poder de negociación, de la clase media para abajo", señaló, por su parte, Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública del Ministerio del Interior.

Otro objetivo del Gobierno sería poder incorporar en el texto del Senado el concepto de "vivienda social", para que todos aquellos que sean empleados informales y no tengan garantía bancaria para sustentar una operación, puedan obtener un seguro de caución del Estado para tomar el crédito. Un mecanismo similar ya se venía ensayando en la Ciudad de Buenos Aires y esperan poder ampliarlo a nivel nacional.

También se piensa rescatar de la vieja ley de alquileres de comienzos de los años 80, de la gestión de Raúl Alfonsín, un esquema de promociones para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler. "Tenemos que trabajar sobre la oferta, para que después no haya una burbuja de precios", apuntó Delgado. En tal sentido, la propuesta sería que quienes construyan viviendas que cumplan con determinados requisitos -como el mantenerlas alquiladas por 5 años- puedan deducir de Ganancias todo lo invertido.

Los incentivos impositivos irían de la mano con otro de los puntos clave del acuerdo que el Gobierno está negociando con constructoras, desarrolladoras, bancos e inmobiliarias y que anunciará el presidente Mauricio Macri la semana próxima, y es el de contar con financiamiento bancario. Los bancos se habrían comprometido a financiar con créditos hipotecarios a las empresas que construyan viviendas para la clase media. Habrá en el menú tanto préstamos indexados por UVA como otros a tasa fija.

"Una vez que se anuncie el acuerdo sectorial con la construcción, va a empezar a avanzar el proyecto de los alquileres en el Congreso", anticipó Lipovetzky.

La idea, que se está gestando en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, en coordinación con diputados del oficialismo, sería, a su vez, modificar algunos de los puntos más polémicos del proyecto aprobado en el Senado. Por ejemplo, el proyecto de la Cámara alta prevé que los alquileres puedan indexarse una vez al año por un índice que surgiría de combinar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con el CVS (Coeficiente de Variación Salarial). El oficialismo apunta a usar sólo el índice de salarios para los alquileres de vivienda.

El proyecto del Senado prevé además que los dueños de las propiedades no puedan ajustar los precios cuando la inflación sea de menos del 10% al año. El oficialismo planteará en Diputados eliminarlo. "Es una locura -dijo Delgado-. Porque en dos años, el dueño ya habrá perdido casi el 20% de su capital".