Por Natalia Donato - El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sectores del calzado y textil para reactivar las ventas y recomponer la pérdida de empleo, ya registrada incluye también un capítulo tendiente a reducir la informalidad en ambas cadenas, que alcanza a niveles altísimos: más del 70% de los trabajadores en confección y 60% en calzado están en negro. Para atacar este problema, los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanzan en un proyecto de ley que contempla una fuerte reducción de las contribuciones patronales.

De acuerdo con un borrador al que accedió El Cronista, la idea es eximir a las empresas de pagar las contribuciones hasta el salario mínimo vital y móvil (actualmente alcanza los $ 8060) para impulsar la formalización de sus trabajadores. La metodología sería que las firmas paguen todo pero que luego se les reconozca un crédito fiscal para hacer frente al pago de impuestos como IVA o Ganancias.

Según los cálculos oficiales, el costo fiscal de la medida sería de $ 1810 millones en 2018, pero iría disminuyendo con los años hasta alcanzar, en el período 2021/27, un beneficio fiscal de

$ 650 millones. El Gobierno apunta a que lo que se pierde por las empresas que ya están formalizadas, y que también gozarán de la ventaja, se vaya compensando con las firmas que se incorporen el régimen formal y comiencen a tributar IVA e Ingresos Brutos.

"Todavía no está cerrado", aseguran en el Gobierno sobre la iniciativa. Indican que empresarios, sindicatos y funcionarios seguirán discutiéndolo en el marco de una mesa tripartita creada en el marco del acuerdo sellado ayer. La primera reunión será la semana próxima. Una vez definido, será enviado al Congreso.

Invitado al acto, el diputado del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la iniciativa tendrá su apoyo parlamentario, ya que "tener industria textil y de calzado debe ser una decisión política". "Si no, el mercado te expulsa porque no se puede competir con China", agregó el industrial.

Participaron de la firma del acuerdo los ministros Cabrera, Triaca y Dujovne, así como representantes de las cámaras empresarias y los sindicatos. Firmaron un compromiso para trabajar en una agenda de trabajo común basada en cuatro ejes:

-Estímulo al consumo mediante el relanzamiento de las cuotas sin interés. En este caso, se mencionó la vuelta de los planes de 3 y 6 pagos, que se sumaron al Ahora 12 y Ahora 18. Los nuevos programas volcarán al consumo, según los cálculos del gobierno, $ 6000 millones en ventas mensuales de productos nacionales, que se sumarán a los $ 2000 millones que ya generan los programas de 12 y 18 cuotas.

-Cuidado del empleo mediante la asistencia del Repro Express, un instrumento de respuesta rápida para ayudar a los trabajadores de los sectores textil, indumentaria y calzado que se enfrenten a situaciones en las que se pone en riesgo su fuente laboral. La cartera de Trabajo creará una ventanilla de atención exclusiva para estos casos y habrá una línea presupuestaria específica por lo menos durante los próximos seis meses.

-Ley de Formalización Laboral. Además de las pautas ya mencionadas, el proyecto prevé la aplicación de un sistema de trazabilidad que permita mejorar el control y la fiscalización del trabajo registrado. Se constituyó una mesa de trabajo tripartita para discutir este proyecto y hacer un seguimiento permanente de la evolución de la producción, el empleo y el consumo en estos sectores.

-Mejora de la competitividad exportadora de la industria nacional. Una de las medidas para lograrlo será el aumento de los reintegros a la exportación desde los 6 puntos actuales hasta el 8%.

Según afirmó el presidente de la Fundación ProTejer, Jorge Sorabilla, "el consumo es sinónimo de nivel de actividad, pero también puede significar un aumento de las importaciones". "Por lo tanto, espero que este proyecto se vuelque en promover la actividad de los eslabones nacionales", agregó.