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Por Francisco Jueguen - Irónicamente, la
visita de Mauricio
Macri a la Casa Blanca
dejó la buena noticia de la apertura del mercado norteamericano para los
limones tucumanos. Sin embargo, el American
First -el eslogan
proteccionista que impulsó la victoria electoral de Donald Trump- podría haber
aterrizado en una Argentina que hoy levanta la bandera de la apertura
comercial.
Con apoyo de los empresarios nacionales, el
Gobierno enviará este mes al Congreso un proyecto de ley para ampliar las
ventajas que las compañías locales ya tienen en las licitaciones de compras que
haga el Estado. Tal modificación no llegará en cualquier momento, sino en
tiempos en los que la actual gestión busca impulsar grandes proyectos de
infraestructura en el país.
Los números son jugosos. Las compras públicas representan más del 5%
del PBI y un 2,5% del empleo. El Gobierno prevé que el sector público invertirá
US$ 200.000 millones en los próximos ocho años en infraestructura, energía y
minería, agroindustria, bienes industriales, servicios y tecnología.
Fuentes del Ministerio de Producción, donde
se elaboró el proyecto, estimaron que la iniciativa no promueve el
proteccionismo sino el alineamiento de la actual norma del "Compre Trabajo
Argentino", que hoy por hoy casi no se aplica, a los estándares
internacionales. No obstante, reconocen que las compras públicas son en todo el
mundo "políticas de desarrollo", sobre todo para sectores
competitivos, que en la traducción oficial engloba a rubros que exporten valor
agregado.
La Secretaría de
Industria, que conduce Martín Etchegoyen, viene trabajando hace meses en el
proyecto, cuyo timing de
presentación en el Congreso depende de las negociaciones que el Gobierno
mantiene con la cúpula de la CGT, aunque en el Ministerio de Producción confían
en que se oficializará este mes en el Parlamento. Según supo LA NACION, la
iniciativa fue trabajada conjuntamente entre el Gobierno y la Comisión
Económica para América latina y el Caribe (Cepal) y tiene como principal modelo
de compras públicas al sistema que rige en Israel. Sin embargo, también se
revisaron otros sistemas, como los que se aplican en Estados Unidos, Brasil y
Colombia, entre otros.
De acuerdo con fuentes oficiales, la norma
vigente de "Compre Trabajo Argentino" (ley 25.551) "prácticamente
no se usa o se aplica mal". La modificación prevé, en principio, aumentar
los márgenes de preferencia para la industria argentina. "Si un empresario
extranjero que no tiene plantas en el país ofrece cobrar $ 100 en una
licitación y uno local ofrece $ 105, gana el local", graficó un
funcionario. En el mundo, los márgenes de preferencia están entre 8 y 12%, y en
casos extremos llegan al 25%. En la norma vigente son del 5% para las grandes
empresas y del 7% para las pymes. El Gobierno buscaría llevarlos ahora a 7 y
12%, respectivamente. En Producción recalcaron que es un incremento aún por
debajo de los promedios globales. Además de mejorar la posición de las pymes,
en el Ministerio de Producción estiman que podría haber mejores márgenes
"en función de la competitividad del sector", con el fin de impulsar
determinados rubros. Entre ellos mencionaron a la industria ferroviaria, las
energías renovables, el mercado del oil & gas, la energía nuclear, la
infraestructura de caminos y el sector de defensa.
Por otro lado, la iniciativa oficial
impulsaría los llamados mecanismos de "off set". Básicamente, esto
significa que se ratifique en los contratos públicos que cuando se liciten
bienes que no son producidos localmente se impulsen incentivos para que aquel
que gane la licitación tenga que firmar acuerdos de cooperación para promover
la transferencia de conocimiento y tecnología o la complementación productiva
local.
Según fuentes oficiales, no se aplicarán
"reservas de mercado", mecanismo que implica dejar afuera a la
competencia externa en determinados sectores, situación que, por ejemplo,
ocurre en sectores sensibles como el de defensa en Estados Unidos.
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