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Por María Gabriela
Ensinck - Un tema del que poco se habla pero afectará en breve a las
exportaciones argentinas son las regulaciones ambientales que está imponiendo
Europa para enfrentar el Cambio Climático. Se trata de mecanismos de
compensación (considerados por algunos como trabas al comercio) para evitar que
las empresas europeas importen bienes o trasladen su producción hacia países
con normativas más laxas.
El fenómeno se conoce como "fuga de
carbono" (carbon leakage) y "consiste en disminuciones en las
emisiones domésticas de gases de efecto invernadero por parte de países con
políticas estrictas, que resultan más que compensadas con aumentos en los
países que no tienen este tipo de regulaciones", explica Mariana Conte
Grand, economista de la Universidad del CEMA y autora junto a Vanesa DElía de
un trabajo sobre el "Impacto potencial de las restricciones europeas por fuga
de carbono en las exportaciones latinoamericanas".
Según las autoras, "el 71% de las
exportaciones argentinas al viejo continente son sensibles a la potencial
aplicación de estos mecanismos compensatorios, y el sector más afectado es el
de alimentos".
Los productos comestibles representan el 55%
de las exportaciones consideradas en riesgo, seguido por los productos
minerales (14%). El sector alimentos "es el más vulnerable no sólo por la
dependencia comercial que tiene con ese continente (el 30% de las exportaciones
totales argentinas de comestibles se dirigen a la UE), sino porque de todos los
comestibles que se exportan a europa, 81% son bienes riesgosos", explicó a
El Cronista Conte Grand.
Esto implicaría, en el peor escenario, si el
mercado europeo se cerrara completamente a las exportaciones argentinas con
alta huella de carbono, una pérdida de divisas anuales cercana a los u$s 6000
millones (considerando los datos de comercio exterior del Indec de 2016), de
los cuales, u$s 4500 se explicarían por comestibles que dejarían de exportarse
al viejo continente.
El trasfondo de esta situación es que
"actualmente, los países en desarrollo están generando más emisiones en
sus territorios que los países desarrollados", señaló Conte Grand.
"Pero si se consideran las emisiones efectivamente consumidas, los
primeros están importando gases de efecto invernadero y por eso las emisiones de
su consumo terminan siendo mayores".
La reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (el dióxido de carbono es el más común, pero no el único), es una
de las premisas del acuerdo climático de París firmado en 2015 por 175 países y
ratificado hasta ahora por 55 (entre ellos Argentina). A diferencia del
Protocolo de Kyoto (1992) que sólo obligaba a reducir emisiones a los países
desarrollados, el nuevo pacto implica compromisos de reducción no vinculantes
(INDCs por sus siglas en inglés) de todos los países.
Para cumplir con sus propios compromisos de
reducción de emisiones, los países de la Unión Europea implementaron una serie
de regulaciones que implican costos para la industria doméstica, que no
enfrentan las empresas radicadas en países con regulaciones más laxas, o que
producen utilizando tecnologías más antiguas y contaminantes. Con el fin de
compensar esas asimetrías, una de las propuestas es la aplicación de mecanismos
de ajuste en la frontera. "El riesgo de este tipo de medidas es que, escudándose
en la fuga de carbono, se encubran medidas destinadas más al proteccionismo
comercial que al cuidado del ambiente", advirtió la economista de Ucema.
Por esto, cada vez más, "las
autoridades y las empresas deberían tener clara la lista de bienes que la Unión
Europea considera carbono-riesgosos", consideró la especialista. "En
el listado que nosotros analizamos se trata de 150 sectores de la industria
manufacturera y extractiva. Ya hay empresas que están adoptando prácticas más
amigables con el ambiente, en la medida en que sus costos lo permiten. Pero
pensando en una controversia comercial, debería observarse más de cerca la
metodología que sigue la UE para definir este listado, con indicadores que
muchas veces responden más a un criterio proteccionista que a uno
medioambiental", advirtió.
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