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Por Natalia Donato - Tres días de vigencia tuvo la resolución 4040 de la
AFIP que había triplicado el cargo que deben pagar todos los operadores de
comercio exterior por cada exportación o importación que realicen. Pero fue
suficiente para que genere un fuerte revuelo entre los empresarios, que
insisten con la imperiosa necesidad de reducir los costos para mejorar la
competitividad. De u$s 10 que se pagaba por cada operación detallada en el
Sistema Informático Malvina (SIM) ex María, la resolución publicada el martes
pasado lo elevaba a u$s 30. Sin embargo, el malestar para los hombres de
negocios duró poco, ya que el Gobierno decidió, una vez más, dar marcha atrás
con la polémica decisión.
Según la nueva norma, que saldrá hoy publicada en el Boletín Oficial, se
prorroga por 90 días corridos la fecha de entrada en vigencia de la resolución
4040, contados a partir del 3 de mayo. Entre los considerandos, la AFIP
sostiene que "en el actual contexto, y a fin de un nuevo análisis con
relación a la facilitación, simplificación y acompañamiento del crecimiento del
comercio internacional, se estima conveniente prorrogar la entrada en vigencia
de la resolución".
La decisión de triplicar el cargo aduanero se sustentó, según la norma
anterior, en la necesidad de "afrontar con eficacia los objetivos
estratégicos propuestos para la Administración Federal y hacer frente a los
elevados costos de una innovación tecnológica adecuada". "Resulta
indispensable fijar un nuevo valor para el citado arancel", planteaba la
resolución 4040.
Rápidamente comenzaron las quejas de los operadores del comercio
exterior, que cuestionaron el cargo y enfatizaron que ya con los u$s 10 quedan
fuera de competencia respecto de otros países vecinos. En Chile, Ecuador y
México, por ejemplo, el servicio de oficializar una operación no tiene costo,
en tanto que en Brasil sólo cobran por la importación. En Uruguay, en tanto, el
valor es el mismo que en la Argentina (u$s 10 para exportar e importar).
"En 2015 calculamos que se recaudaron u$s 12 millones, por lo que con el
aumento pensado se obtendrán más de u$s 36 millones aproximadamente. Si se busca
financiar una inversión, que tampoco sabemos de qué se trata, los fondos
deberían salir de rentas generales", afirmó un referente del comercio
exterior que prefirió no exponerse públicamente. Y agregó: "Es un impuesto
oculto".
La prórroga de la medida fue muy bien recibida por los operadores,
aunque no dejaron de mencionar que apenas se trata de una dilación. Sin
embargo, al menos da margen para que pueda reverse la decisión y evaluarla con
más detenimiento. "La resolución original causó mucho malestar en el
comercio exterior, por lo que vemos con buen agrado que el Gobierno haya
reflexionado dado que habría implicado un nuevo costo que atentaría contra el
comercio exterior", manifestó el titular de la Cámara de Importadores de
la Argentina (CIRA), Rubén García.
Preocupadas, las terminales automotrices también habían evaluado el
impacto que tendrían con el aumento del cargo. En algunos casos, el costo anual
trepaba casi a u$s 1 millón, por lo que sumaba un nuevo condimento negativo a
la pérdida de competitividad que ésta y todas las industrias tienen en la
Argentina.
"A mi me pareció una descoordinación total en el Gobierno, ya que
muchas áreas vienen trabajando justamente para reducir los costos y ser más
competitivos. Además, hace 30 años que nos cobran esos u$s 10 que supuestamente
era para mejorar el sistema informático. Fueron haciendo parches, pero se
suponía que con esos fondos podían hacer mejoras. ¿Qué pasó con todo lo que nos
cobraron?", se quejó el despachante aduanero y ex titular del Centro de
Despachantes (CDA), Gustavo López.
La Argentina, cara
El presidente del grupo Arcor, Luis Pagani, había realizado semanas
atrás en una conferencia organizada por AEA una exposición muy clara respecto
de las diferencias de costos logísticos que tenían las empresas argentinas
respecto de las del resto de la región. Planteó que mientras que exportar un
contenedor en la Argentina sale u$s 2900 (u$s 1550 de transporte, u$s 450 de
documentación y u$s 900 de terminal portuaria); en Brasil cuesta u$s 1900; en
México, u$s 1700, y en Chile, u$s 900.
Reducir los costos logísticos e impositivos están al tope de la agenda
no sólo empresaria sino también del Gobierno. Fue en este contexto que resultó
muy llamativa y generó tanto revuelo la resolución.
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