En marzo pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un duro comunicado sobre el retraso del país en la promulgación de la ley que castiga la corrupción en las empresas. "Dieciséis años después de su ratificación, la Argentina continúa incumpliendo la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE. Sigue sin poder responsabilizar a las empresas por el cohecho internacional ni procesar a los ciudadanos que cometan ese delito en el extranjero", dice el informe.

Urge a que salga como ley el proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, además a dar respuesta a "preocupaciones relacionadas con la independencia judicial y del ministerio público fiscal.

En octubre de este año y en marzo de 2018, la Argentina tiene que presentar informes al Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el progreso realizado en el cumplimiento de recomendaciones claves. Para marzo de 2019, el país deberá presentar un informe sobre la implementación de todas las recomendaciones.

Una de ellas es reducir significativamente el retraso en investigaciones y procesamientos de delitos económicos complejos. También propone investigar proactivamente y enjuiciar todos los casos de cohecho internacional.

Además, plantea la necesidad de reducir el elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces subrogantes, así como garantizar que los jueces de instrucción y los fiscales dispongan de los recursos necesarios para avanzar en sus investigaciones.