Marcelo Bonelli - Roberto Lavagna abrió la reunión con un fuerte reproche: "¿Cómo pueden darle aire a Moyano y a los reclamos salariales de la CGT?"

La delegación de la Unión Industrial fue a fondo con la respuesta. Héctor Méndez, el líder del grupo, opinó: "Parece que el Gobierno está preocupado en buscar a los culpables y no las soluciones al problema de la inflación y los salarios".

La reunión fue distante, tensa y generó la primera diferencia fuerte entre el ministro y la UIA desde que Lavagna asumió en los convulsionados días de abril del 2002. Hubo un duro cruce de opiniones y diferencias sustanciales entre el ministro y los industriales.

El miércoles, Lavagna admitió que los números vienen complicados y que ahora la apuesta oficial central es lograr un freno de la inflación en abril. El INDEC elaboró una última estimación que habla de un índice para marzo del 1,2 al 1,3 por ciento.

El clima final del encuentro se reflejó, como nunca, en la exteriorización de la pelea. El Ministerio de Economía les pidió a los empresarios el máximo hermetismo.

La UIA decidió mantener un total mutismo para no agravar las cosas. Fue un silencio excesivamente sonoro.

Lavagna también se mostró molesto por el diálogo privilegiado de la UIA con el ministro de Planificación. Concretamente, reprochó una cuestión política: que la central fabril lo dejara de lado y canalizara la interlocución con Julio de Vido.

El ministro expresó su malestar político así: "¿Cómo puede ser que yo no conozca las propuestas de la UIA?"

La respuesta inmediata de la cúpula de la UIA fue: "Economía no sabe escuchar". Alberto Alvarez Gaiani explicó que De Vido apareció en las negociaciones como enviado del propio Presidente.

Los industriales completaron la idea: Economía interpretó mal la negociación con la CGT, porque el acuerdo apuntaba a encauzar una discusión salarial que se desborda y presiona los precios. También, dijeron, se pretendía restablecer el criterio de productividad que apoya el Palacio de Hacienda.

Hubo un informe que expuso Daniel Funes de Rioja que avalaba esa tesis: sin un acuerdo marco que ordene la puja sectorial, ahora existen conflictos y huelgas que siempre termina convalidando el Ministerio de Trabajo.

Al final —según los industriales— los aumentos se trasladan a los precios porque son sustancialmente mayores a los que se discutían con la CGT. Funes explicitó con detalle la existencia de una decena de conflictos con reclamos salariales del 30 al 50 por ciento.

La mención de Lavagna a Julio de Vido no fue casual. Para el titular de Hacienda, Moyano y De Vido trabajan políticamente juntos contra los planes del Palacio de Hacienda.

Thomas Griesa, el juez de Manhattan, también generó otro dolor de cabeza. La audiencia del martes prenunciaba la postergación del canje final de la deuda.

El abogado de la Argentina, Jonathan Blackman, se lo adelantó al Tribunal cuando le entregó un informe de la Representación Financiera Argentina en Washington. En ese documento Federico Molina decía que era imposible terminar con el canje mientras persista la duda judicial sobre el embargo.

En Buenos Aires se tardó en difundir la información porque hubo una discusión interna en el Gobierno. Néstor Kirchner está molesto por la cuestión de fondo: no entendía por qué se dejaron los bonos en el Bank of New York a merced de los fondos buitres, cuando había otras opciones técnicas para protegerlos de su voracidad. Ahora habría siete presentaciones judiciales similares, aprovechando el error técnico.

Pero igual la acción de Griesa obedece a una cuestión mayor: se trata de una advertencia judicial para que Argentina busque una solución a los 20.000 millones de dólares que quedaron fuera del canje.

Griesa se jacta de ser un juez independiente, pero siempre falló en función de los intereses de Washington. En febrero del 2004 tomó decisiones contra Argentina, cuando EE.UU. y el Grupo de los 7 presionaban para que Lavagna mejorara la oferta. Cuando esa presión tuvo efecto en junio, el propio Griesa desactivó sus amenazas contra Argentina.

Ahora la preocupación del G7 es que Argentina ofrezca una solución al 24% de bonistas que quedaron afuera del canje. En esa dirección están los palos en la rueda de Griesa.

El FMI en breve presionaría sobre eso: en la reunión de directorio del 16 de abril, si triunfan los duros, podría anunciar que no le prestaría más a la Argentina hasta que el Palacio de Hacienda les dé una solución a los bonistas que continúan en default. En esa posición se encuentran cuatro directores clave como los de Japón, Italia, Inglaterra y Canadá. También la avalan Rodrigo Rato y Anne Krueger.

Todos se escudan —como adelantó Clarín en febrero— en una cláusula estatutaria del Fondo Monetario Internacional: tratamiento de los países en suspensión de pagos.

La llamada "Cláusula LIA" prohíbe al FMI hacer un acuerdo y prestarle dinero a un país que tiene aún importantes fondos en cesación de pagos. Para Washington, Argentina tiene 33.500 millones en default, compuestos por los 20.000 millones que no entraron al canje; 7.000 millones de intereses no pagados y 6.500 millones de dólares del Club de París.

En otras palabras: para el FMI, la Argentina todavía tiene deudas en default equivalentes al 20% de su PBI. La "Cláusula LIA" se acciona cuando el porcentaje adeudado supera el 5% del PBI. La decisión del Fondo Monetario ya fue adelanta por Rato a Lavagna en la cena que compartieron a comienzos de marzo. Es la contracara del apoyo que el Fondo Monetario le da a Brasil.

La amenaza del Fondo Monetario apunta a una sola cosa: que antes del 16 de abril Argentina elabore y explicite un plan para atender esas obligaciones.

El Gobierno no lo quiere hacer y pidió indirectamente esta semana la intervención de George Bush para resolver el conflicto. Pero antes deberá dar pruebas de una cosa: su sincero alineamiento político con Washington.