Por Paula Urien - La Argentina contrató a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que lleve adelante un estudio sobre integridad en políticas públicas en el país.

A pedido de la Oficina Anticorrupción, la organización hará de guía para un análisis en profundidad que busca evaluar las políticas y sistemas de integridad y anticorrupción del gobierno argentino. "No es que la OCDE va a auditar a la Argentina, pero un poco sí", dijo el analista en políticas anticorrupción Julio Bacio Terracino, uno de los dos argentinos que trabajan en la entidad en París. "La integridad es un tema caliente. La ley número uno que va a proponer el nuevo presidente de Francia es la moralización de la función pública", aseguró, en el marco de la presentación del trabajo que se va a realizar.

En diálogo con LA NACION, sobre todo para hablar sobre el costo del monitoreo, Bacio Terracino dijo que "estudios de este tipo proveen no sólo apoyo técnico para optimizar el combate a la corrupción, sino también acompañamiento en el proceso de reforma. La OCDE hizo estudios similares en otros países como México, Colombia y Perú. "En todos los casos los beneficios superan ampliamente a los costos. Por ejemplo, la institución Mexicana de Seguridad Social (IMSS) ahorró 3,3% en el gasto de compras de remedios, que representó en un año aproximadamente 20 millones de euros. También los licitantes aumentaron un 34%, por lo cual se logró mayor eficiencia y mejores precios para todos los mexicanos".

Agregó que "los costos incluyen el personal de la OCDE que realiza el estudio (en este caso 9 personas) y los viajes de los expertos de los países de la organización para participar en los diferentes talleres y reuniones en la Argentina".

La Oficina Anticorrupción (OA) envió a LA NACION un documento donde se detallan los números remitidos por la OCDE en materia de honorarios y gastos: staff, 212.114 euros; uso de oficinas, 30.866; honorarios de expertos, 12.000; gastos de misión del staff de OCDE, 37.201; gastos de expertos en misión, 24.605; misceláneas (impresiones, publicaciones, fotocopias), 10.000 y gastos de admisión, 21.972, lo que suma un total de 348.758 euros, a pagar mitad este año y mitad el próximo.

El Gobierno tiene como objetivo que la Argentina forme parte de la OCDE y para ello debe contar con normas estrictas que prevengan y combatan la corrupción tanto en el ámbito público como privado y, por supuesto, en la interacción entre ambos sectores.

"En esta recomendación se hablará de varios principios: ética, transparencia, integridad, eficiencia y austeridad, entre otros", dijo la titular de la OA, Laura Alonso. "El estudio nos va a plantear una hoja de ruta, una estrategia para el futuro que esperamos trascienda esta administración".

Para ello, la OA será la encargada de llevar un extenso cuestionario de 49 preguntas a las instituciones que considere relevantes. También se piden documentos, soportes (como leyes), informes, manuales, reglamentos, etcétera. Las respuestas irán directamente a la casilla de Frédéric Bohem, analista de políticas públicas de la OCDE, a más tardar el próximo 23 de junio.

El calendario de acción incluye entrevistas en la Argentina en septiembre; resultados en noviembre, además del primer taller de trabajo; y un segundo taller en mayo-junio de 2018, junto con la presentación y discusión del estudio en la reunión 2018 de la Red de Integridad Pública OCDE-BID. Luego, en julio de 2018, está prevista la entrega del estudio final y el plan de acción. A los 18 meses, la OCDE hará un informe de progreso.