El fiscal federal Federico Delgado convocó ayer a los representantes de la brasileña Odebrecht en la Argentina a que en el plazo de cinco días se presenten ante la Justicia, con el fin de que se adhieran a la figura del arrepentido y colaboren en las investigaciones que implican tanto a funcionarios como a privados por presunto pago de sobornos. Para ello, giró un oficio a los directivos de la empresa en el país, pidiéndoles que se presenten ante la Fiscalía y realicen un ofrecimiento concreto.

El pedido se llevó a cabo luego de que Odebrecht presentara ante el juez federal Sebastián Casanello una copia del acuerdo al que llegó con la Procuración General de Brasil, en uno de los capítulos del caso conocido en ese país como Lava Jato. En la Argentina hay múltiples investigaciones abiertas como desprendimiento de esa causa, en la que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios y empresarios argentinos unos u$s 35 millones en coimas.

El oficio de Delgado busca que los directivos de Odebrecht formalicen el ofrecimiento pues hasta el momento sólo han presentado copia del acuerdo que sellaron en Brasil y sin expresar qué solicitan a cambio de colaborar con la justicia argentina.

Delgado interviene a raíz de una causa en la que se investiga a Odebrecht por reformas encaradas por AySA en una planta potabilizadora de Zárate, expediente que comparte con el juez Casanello. Sin embargo, no es solo en esa causa donde fue presentado el pacto de Odebrecht con Brasil. También figura en otro expediente que tiene Delgado junto al juez Daniel Rafecas en el que se investigan sobornos y sobreprecios en la construcción de gasoductos norte y sur de la Argentina, un desprendimiento del caso Skanska.

Una tercera causa, en la que interviene el juez Marcelo Martínez de Giorgi junto al fiscal Franco Picardi por sobornos en obras del soterramiento del Tren Sarmiento, involucra en principio al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su asesor Manuel Vázquez.

Garavano culpó a Gils Carbó

En el plano político, luego de los reclamos públicos de la diputada oficialista Elisa Carrió por la supuesta protección del Gobierno al ex ministro Julio De Vido; el ministro de Justicia, Germán Garavano, marcó ayer el paso de la estrategia oficial. Por un lado, se reunió ayer con los abogados de la empresa, quienes le acercaron una propuesta. Por otro lado, y tras respaldar los dichos de Carrió, el funcionario redireccionó los embates hacia la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al señalar que no hubo "ninguna acción" de su parte contra la corrupción, en el marco del caso Odebrecht.

"Lo que vemos es que desde la cabeza del Ministerio Público no ha habido el abordaje que se requiere. No vimos ninguna acción de la procuradora para combatir la corrupción", subrayó el funcionario.
Sin embargo, los pedidos de información a Brasil desde la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración datan del 22 de diciembre de 2016. Veinte días antes de que el diario La Nación publicara que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, era acusado por un arrepentido en la causa de haber cobrado coimas.