Por Ignacio Olivera Doll - La fuerte pérdida de competitividad que sufren algunos sectores de la economía por el impacto que provoca el dólar bajo sobre sus exportaciones, impulsó a algunos empresarios y legisladores a idear nuevas medidas para protegerlos. La más reciente: una modificación a las zonas francas que hoy tiene la Argentina. Un proyecto de ley que aún está siendo redactado por los bloques de la oposición, y que podía salir a la luz en menos de quince días propone reorientar estas diez regiones geográficas que tiene el país, que gozan de exenciones impositivas y aduaneras y están enfocadas exclusivamente a la exportación, para que puedan empezar a ofrecer algunos de sus productos en el mercado interno. El objetivo: que la caída que percibe en sus ventas al exterior pueda ser compensada por la demanda local.

En el texto trabaja el actual presidente de la comisión de presupuesto del Senado, Juan Abal Medina. El exjefe de gabinete del kirchnerismo espera ahora un informe de la AFIP para medir el impacto fiscal y, con esto, definir los últimos detalles del proyecto. Acompaña la iniciativa el senador massista Alfredo Luenzo, que en los últimos días logró dictamen favorable para un explosivo proyecto sobre el mercado de tarjetas de crédito, hoy temido tanto por el oficialismo como por el sistema financiero.

Estas zonas francas, que pretenden modificar los bloques peronista y massista, son espacios dentro del territorio nacional en los que la Aduana no controla mercadería de la manera habitual y la AFIP no cobra sus impuestos. El objetivo es generalmente reducir los costos, simplificar los trámites y ofrecer incentivos fiscales para fomentar en estas regiones el comercio y la actividad industrial exportadora. En la Argentina hay actualmente diez zonas francas: La Plata (Buenos Aires); Justo Daract (San Luis); Cruz Alta (Tucumán); Córdoba; Luján de Cuyo (Mendoza); Tierra del Fuego; General Pico (La Pampa); Comodoro Rivadavia (Chubut); Salta; Iguazú (Misiones) Y Concepción del Uruguay (Entre Ríos). 

"La idea central es que algo de lo que se produce hoy en zona franca pueda ingresar al territorio, como cualquier otro producto de importación. Hoy esto no sucede porque estas regiones están limitadas exclusivamente al exterior", explicó a este diario el senador Alfredo Luenzo. La iniciativa también sugiere eximir a las empresas radicadas en estas zonas del pago de cargas sociales. 

La Confederación Argentina de Pequeña y Mediana Empresa (CAME) también dialoga por estos días con los legisladores y propone un proyecto de ley aún más audaz sobre las zonas menos competitivas. Su plan es modificar el límite aduanero en las ciudades fronterizas que hoy sufren la migración de las compras hacia los países vecinos. El fenómeno se ve hoy con preocupación en los pasos fronterizos de la Argentina, como Clorinda (Formosa); Encarnación (Misiones) y Cristo Redentor, entre otros. Allí es creciente el flujo de argentinos que sale del país para buscar oportunidad oportunidades en los precios. Y la dinámica terminar por dar finalmente una foto repetida, que muestra la recesión, del lado argentino, y la bonanza, en la localidad vecina de Brasil, Chile o Paraguay. "Nosotros preferimos proponer una franja de comercios minoristas en las ciudades de frontera, para poner en igualdad de condiciones a la gente del lugar", completó Luenzo. Sucede que, en rigor, la medida podría interpretarse como una solución parcial para un problema macro que afecta a muchos otros sectores y muy lejos de esas zonas.