Por Carlos Burgueño - Ya con la mayoría de las paritarias 2017 cerradas y con alzas, al menos para la visión del oficialismo, por arriba de la inflación proyectada para los próximos 12 meses, el Gobierno espera ahora que llegue desde junio el esperado efecto positivo sobre la variable que más debe recuperarse de cara a las elecciones legislativas de este año: el consumo interno. Algunos datos concretos sobre la mejora del consumo entre abril y mayo, más la expectativa que produce la posibilidad de que los salarios de los trabajadores beneficiados por los incrementos salariales comiencen a operar a favor, incluyendo las mejoras en Ganancias que se aplicaron desde este año con la ley modificada en diciembre de 2016, deberían fortalecer las expectativas positivas oficiales. Sin embargo hay un factor que preocupa a, al menos, parte del Gabinete económico. Es la aparición de "aguafiestas" como comienzan a llamar dentro del Gobierno a algunos actores de la economía argentina, comenzando los supermercados. En una posición curiosamente muy cercana a algunas visiones del Gobierno anterior sobre los motivos del alza de los precios, se señala a las grandes cadenas de supermercados y a los principales fabricantes de alimentos, bebidas, consumo masivo y hasta materiales para la construcción como potenciales responsables de complicar que el poder adquisitivo que se espera mejore en los salarios se limite. Si bien no todos los integrantes del Gabinete económico tienen esta visión (de hecho predomina la visión monetarista dentro del Gobierno como la causa del alza de los precios) se sabe que es en las góndolas de los supermercados donde la clase media (siempre potenciales votantes del oficialismo), tendrá un termómetro cruel y directo sobre la marcha de la inflación antes de las elecciones de octubre. Si los privados comienzan a aspirar las mejoras en los salarios con incrementos de precios en los productos de consumo masivo, la sensación de mejora será efímera y nuevamente habrá un congelamiento en la variable más importante que la clase media tiene en cuenta para mejorar la sensación económica hacia las elecciones. 

Por esto se les dejará en claro a los principales referentes de los súper e hipermercados que se los estará monitoreando de cerca, y que las sanciones anunciadas el jueves pasado por $18 millones por fallas a las leyes de defensa de la competencia y del consumidor es el primer paso que el Gobierno podría dar. La demorada legislación propiciada por Elisa Carrió y Mario Negri en la Cámara de Diputados, que impulsa controles dignos de la era Guillermo Moreno o Augusto Costa desde la Secretaría de Comercio Interior, está a punto de ser acelerada o demorada por el oficialismo legislativo, que duda en avanzar ante la presión del Frente Renovador de Sergio Massa de concretar una norma aún más fuerte que la idea de Cambiemos. El diputado de este partido, Marco Lavagna, plantó bandera afirmando el fin de semana que las multas labradas por el Gobierno contra los supermercados por infracciones a la Ley de Lealtad Comercial "no demuestran voluntad de atacar" el aumento de precios y que "no demuestra una verdadera voluntad de atacar la cuestión de los precios, los abusos que se dan en cuanto a posiciones dominantes y la cadena de comercialización. El Estado debe quitar el peso que mediante impuestos pone sobre los alimentos". Lavagna pidió al Gobierno que avance "con firme voluntad sin marketing, en materia de regulación y la Ley de Góndolas (proyecto del Frente Renovador)". EL Gabinete económico considera descartable por innecesaria a esta idea, pero también se cree que servirá como amenaza velada para que los supermercados colaboren en el control de la inflación y que no haya aprovechamientos. 

La esperanza oficial sobre el aumento del consumo para los próximos meses tiene ciertos datos reales sobre los que apoyarse; pese a que en mayo los números generales hablan de una caída del 2%. Dentro de los agridulces datos de la recaudación de mayo (21% de alza contra el mismo mes de 2016) hubo un dato muy positivo. El IVA impuestos, que mide la recaudación de ese tributo en el mercado interno, recaudó un 35% más que un año antes, muy por encima del 27% de la inflación interanualizada que calculó el INDEC para el mes pasado. Según la interpretación del Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, este dato reflejaría que luego de un primer trimestre del año donde el consumo no tuvo respuestas positivas (algo de razón habrá que atribuirle al fallido Precios Transparentes), desde abril la situación habría comenzado a cambiar y se habría consolidado en mayo. Como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recauda el IVA sobre mes vencido y con una demora de entre 30 y 60 días, se espera que los datos de la recaudación de este tributo se mantengan firmes en lo que resta del año. Un buen augurio que registra el organismo que maneja Albert Abad es que las operaciones registradas con tarjetas de débito subieron en los últimos dos meses un 15% interanual promedio, aún con la eliminación del beneficio de la devolución del 5%. 

El segundo factor que mueve las expectativas son las consecuencias de los salarios luego de las paritarias que ya están casi en un 70% cerradas y, en su mayoría, con incrementos superiores al 20%. Se espera entonces que la clase media afectada por estos aumentos tengan desde este mes mayor poder adquisitivo. Más si se tiene en cuenta, según la visión oficial, que este año la presión de Ganancias no será una aspiradora que liquide la sensación de mejora; a partir de los cambios en la ley del tributo sancionada en diciembre pasado y que desde este mes tendrá su prueba de fuego de credibilidad en el público. Para mejor, siempre según la positiva mirada del Gobierno, esa norma elimina al aguinaldo como factor de ascenso en las temidas escalas del impuesto para aumentar la presión sobre los contribuyentes.