Por Mariano Martín - El Gobierno confirmó para el 27 de junio la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, que tendrá como objetivos la fijación del nuevo piso de ingresos del sector formal, en la actualidad de $8.060, así como el seguro por desempleo, que establece un máximo de 3.000 pesos. Sin embargo, por primera vez desde la reanudación de esa institución, en 2004, el valor nuevo tendrá repercusión directa sobre unos 350 mil planes sociales. La discusión se centrará entre la pretensión de la administración de Mauricio Macri de replicar el 20% de aumento pactado con gremios mayoritarios, y la de la CGT de subir 25% el piso hasta cerca de 10 mil pesos. 

La convocatoria del 27, que este diario adelantó hace dos semanas, fue publicada ayer en el Boletín Oficial. La resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, prevé que la reunión plenaria del Consejo se hará a las 16 de ese día en la sede central de la cartera laboral. Y que por la mañana se reunirán las comisiones del Salario Mínimo, del Empleo, de Formación Profesional, de Productividad y de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social. 

La discusión central será, sin embargo, por el piso salarial. La resolución estará necesariamente entre el planteo del Gobierno, en línea con la aspiración de los empresarios, de situar en torno de 9.600 pesos el piso salarial. La CGT, actor preponderante en el Consejo por encima de las dos versiones de la CTA, buscará estirar a 10 mil pesos el monto, con un ajuste del 25 por ciento. Anoche en Trabajo confirmaron que la composición de miembros para el debate será la misma del año pasado, cuando incluso la CGT se encontraba dividida en tres fracciones. 

Si bien el impacto directo del salario mínimo es marginal y alcanza a unos 200 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos, cada año se destaca su importancia como referencia para las paritarias no resueltas. En este caso, sin embargo, la atención será mayor: por primera vez el piso disparará de forma automática los valores de unos 350 mil planes que se encuentran bajo la órbita de las carteras de Desarrollo Social y Trabajo. De acuerdo a la ley de emergencia social que se sancionó a fin de año, los valores de esos planes deben guardar una correlación con el salario mínimo y cubrir al menos la mitad, que en la actualidad equivale a 4.030 pesos. 

Planes tales como Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Proyectos Productivos Comunitarios, Trabajo Autogestionado y otros mantienen su valores asociados al denominado "salario social complementario" que fue atado desde este año al piso formal que debate el Consejo. Dicho de otra forma, por primera vez el Estado deberá pagar el nuevo valor del salario mínimo que antes estaba reservado sólo a los empresarios. 

Las organizaciones sociales, que permanecen al margen de los debates del Consejo del Salario, buscarán este año tener visibilidad en sus planteos que suelen superar, en mucho, los parámetros de las centrales sindicales. 

El otro ítem de discusión será la prestación por desempleo. Después de años de mantenerse en un nivel máximo de % 400 el Gobierno resolvió el año pasado impulsar un salto hasta un rango de $ 1.875 como mínimo y hasta un tope de 3.000. De mantenerse la lógica de ajustar en torno del 20% los valores, el seguro debería subir a un máximo de 3.600 pesos, o a 3.750 pesos en la expectativa de la CGT. 

El Gobierno y la central mayoritaria tendrán oportunidad de pulir los pormenores de la discusión en la ciudad suiza de Ginebra, adonde confluirán desde esta semana Triaca, con una porción mayoritaria de su equipo, con el grueso del Consejo Directivo de la CGT, además de referentes de las dos CTA.