Por Fabiola Szubaj - En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.

Según pudo conocer LA NACION,el entrecruzamiento de bases de datos precisó que 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97.

La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos. En este caso, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, explicó a LA NACION que esas 70.000 prestaciones se suspendieron preventivamente.

Además de un monto económico, el beneficio incluye el acceso a la cobertura de salud. La ejecución del pago queda a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibe el listado de beneficiarios del ministerio que está a cargo de Carolina Stanley . En este caso, la Anses no audita ni da altas o bajas. Badino insistió: "Las suspensiones no significan que los beneficiarios dejan de recibir asistencia de salud".

Uno de los requisitos para acceder a la pensión es "no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna". Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.

El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76% para trabajar. Esto contradice uno de los requisitos del decreto. Hay registros que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.

Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según surgió al cruzar las bases de datos. Para recibir la pensión, quien la solicita "no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia".

Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o tres años de antigüedad u otros bienes.

A pesar de que un 3% había renunciado al beneficio por motivos personales, seguía cobrando los 4776 pesos de la pensión. O, si vive desde La Pampa hacia el sur del país, son 6686 pesos.

Un 4% de las pensiones que se investigan corresponde a titulares que conviven con familiares que tienen un ingreso de 19.200 pesos o más. El decreto indica que el titular no debería "tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos (...) ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo".

También, la revisión identificó a 18.900 adultos mayores que están recibiendo esta prestación y podrían mejorar su ingreso un 10% con otro beneficio social de la Anses, según indicó Badino. "Pueden tener o no invalidez, pero se les dará la opción de continuar recibiendo la pensión actual o acceder a una prestación mejor", agregó.

En tanto, Stanley afirmó que es "absolutamente falso que haya una baja masiva" de pensiones. "Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos", indicó.

La ministra, que a través de un comunicado intentó "llevarles tranquilidad a las familias", agregó que en esos cruces mensuales de información "se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones con los mismos criterios de hoy. Además, en esos años hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo".

Fondos

Por el decreto 432, de 1997, hay 1,5 millones de beneficiarios de pensiones a la vejez y por invalidez: 1.061.265 corresponden a la segunda categoría, lo que equivale a 70.000 millones de pesos. Otros 370.000 son madres con siete hijos y 70.000 son pensiones graciables que otorgó el Congreso de la Nación. El resto son ex presidentes y vicepresidentes o medallistas olímpicos, entre otros.

Para acreditar la invalidez, basta con presentar un certificado con la firma de un médico. En esto reside una de las principales irregularidades. "La situación médica es muy difícil y compleja de resolver. Nos encontramos con un proceso muy mal administrado. Si en el certificado médico dice 76% de invalidez, nadie cuestiona nada", indicó Badino.

De hecho, la OA informó que investigará el otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo. Todo quedará en manos de la Dirección de Investigaciones a cargo de Ignacio Irigaray.

En tanto, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV) presentó un proyecto para derogar dos requisitos del decreto: no poseer bienes o ingresos ni otras prestaciones, incluido el cónyuge.

Se habilitó el teléfono 0-800-222-3294 para denunciar la suspensión errónea de la pensión.