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Por
Gustavo Lazzari - El presidente Mauricio Macri encendió un debate al invitar a
combatir "la industria del juicio laboral". Durante más de setenta
años, entonando cánticos que combatían al capital, se fue desarrollando en la
Argentina una legislación laboral que lejos de proteger al trabajador lo ha
condenado a los salarios bajos, la exclusión y el desempleo. Veamos por qué.
La legislación laboral, tal como está concebida en la Argentina, eleva los
costos para las empresas pero no significa ni mayor protección al trabajador ni
mejores salarios reales. Los abogados laboralistas, la proliferación de
juzgados laborales, la encendida actividad de voceros y diputados
"buenistas" se llevan la mayor parte de la tajada. La hipertutela
laboral, es decir el exceso de regulaciones por sobre el límite de lo
razonable, genera mayores costos para las empresas. El análisis microeconómico,
por antipático que resulte, es esencial para entender el impacto de estas
normas sobre el trabajo de los argentinos. No hay lugar para el romanticismo ni
la voluntariedad inútil de quienes jamás contrataron, despidieron y no tienen
idea de cómo pagar una quincena. El salario es determinado por el valor de la
productividad marginal del trabajo. Quiere decir que si el valor de lo que
produce un trabajador es bajo el salario será necesariamente bajo. Si el valor
es elevado las empresas pujarán por los servicios de dicho trabajador.
No es la presión de los sindicatos, ni la bondad de los diputados derrochando
ríos de tinta en legislaciones maravillosas la causa de la mejora en los
salarios reales. Es una pena. Todo sería más fácil si así fuera, pero no es
así. No hay tiempo para el autoengaño. En la India los salarios no son bajos
porque los empresarios son malos, los sindicalistas ineficientes o los
diputados inútiles. El valor de la productividad marginal del trabajo significa
el volumen "físico" de lo que produce multiplicado por el precio de
mercado de dicho producto.
Por tanto, el trabajo debe producir muchos bienes y que éstos sean valorados
por los consumidores para que el salario sea elevado. Para que el trabajo tenga
mayor productividad debe estar asistido por capital físico (máquinas y
herramientas) e intelectual (educación). El capital es por tanto el mejor amigo
del trabajador pues eleva el producto de su esfuerzo. Un operador de una
máquina retroexcavadora produce más pozos que los que haría sólo con el
servicio de sus propias manos.
Por ello, en países de alta capitalización y educación los salarios son mayores
que en los países que han "combatido el capital" durante décadas. La
legislación "protectora" encarece el trabajo. No lo protege. Al ser
más caro el trabajo la exigencia de productividad es mayor. La ley laboral, por
bien intencionada que sea, deja afuera del mercado laboral a los trabajadores
menos calificados. Esta es la causa por la cual, el desempleo es mayor entre
las personas menos calificadas.
Los "Ni Ni" son hijos directos de la legislación laboral. Quisieron
protegerlos y los echaron del mercado. No es el sector privado el que excluye
sino la supuesta bondad de diputados y senadores ignorantes de cómo funciona el
mercado de trabajo. Las normas laborales "hipertutelares" que, aún
con nobles intenciones, generan más desempleo y menores salarios están el
régimen de indemnizaciones por despido, la industria del juicio, la
jurisprudencia antiempresaria, la falta de flexibilidad, los privilegios
sindicales, etc.
Es necesario comprender que la indemnización por despido genera un elevado
costo del "error" lo cual desanima la demanda de trabajo, representa
un pasivo contingente que disminuye la capacidad de expansión de las empresas
lo cual también desanima la creación de empleo y genera desincentivos a la
productividad del trabajador.
Es una vaca sagrada de la legislación argentina. Es políticamente incorrecto
debatir este tema. Pero no hay alternativa frente a un desempleo que no cede,
frente a más de un millón de chicos que no estudian ni trabajan y frente al
crecimiento del empleo público como programa de desempleo encubierto.
En la Argentina hay más de 855.000 pymes. Si cada una de esas pymes contrata a
un trabajador por año durante cuatro años reduciríamos el desempleo a cero y
podríamos reducir a la mitad el empleo público transformándolo en empleo
productivo. Es imprescindible debatir cada eslabón de la "hipertutela
laboral". No hay tiempo para falsas nostalgias ni slogans del pasado.
La verdadera protección al trabajo es el progreso y las oportunidades. Todo
aquello que daña la demanda de trabajo atenta contra el trabajador. Todo costo
fiscal o regulatorio más allá del estrictamente salarial no genera otra cosa
que un aumento en la desocupación y la marginalidad.
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