Las cuatro principales reformas económicas que el macrismo tiene en mente y que con cuentagotas avanzaron algo en el Poder Legislativo o en los despachos oficiales deberán esperar hasta el final de 2017 para ser conocidas y serán tratadas por el próximo Congreso. Las reformas impositiva, laboral, comercio exterior y subsidios a los servicios públicos serán planteadas con el escenario político que surja de las elecciones legislativas de medio término del 22 de octubre próximo, donde el Gobierno espera tener una mejora sustancial en su poder de acción en Diputados y el Senado nacional. Sabe también el Gobierno que, aunque haya una victoria clara y contundente en las elecciones, no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras. 

Eventualmente, y con una muy buena elección, tendrá posición dominante para forzar el tratamiento de las leyes que considere importantes, pero nunca los votos propios para aprobarla. Ni hablar si el resultado electoral no es tan beneficioso y siembra dudas sobre la capacidad de acción legislativa del Ejecutivo. En ambas situaciones, el Gobierno tiene dos certezas: que quiere avanzar en los cuatro capítulos económicos considerados fundamentales para la gestión de la segunda parte de la administración de Mauricio Macri y que deberá discutir con la oposición. 

La hipótesis del Gobierno es que se podrá negociar mejor con algunos de los legisladores actuales más otros que seguramente se sumarían al nuevo Congreso, siempre descartando al kirchnerismo en la intención. Suponen desde el oficialismo, que con diputados como Marcos Lavagna, Martín Lousteau, Jorge Sarghini, Matías Tombolini, José Ignacio de Mendiguren y Diego Bossio, entre otros. Enfrente estarán Fernanda Vallejos y Axel Kicillof, entre otros, bombardeando cualquier tipo de negociación que pueda avanzar, y calificando un eventual acuerdo político como una especie de contubernio ajustador imposible de votar y digno de denunciar. El macrismo deberá hacer equilibrio entonces si quiere que las cuatro reformas salgan adelante. 

Los contenidos que el oficialismo tiene, en principio, en mente, son los siguientes. 

• Reforma impositiva. Hoy por hoy está adormecida. El combo déficit fiscal, recaudación empatada con la inflación y gasto público de difícil contracción, entusiasma poco para avanzar en reformas estructurales. Con los números de hoy, sabe el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne que sólo se podría avanzar en la reducción y desburocratización de algunos tributos, pero sólo si aumentan otros. Presentar esto último en estos tiempos es una utopía. Igualmente hay algunos capítulos donde el Gobierno sabe que puede avanzar. El tributo que más se piensa en reducir, o directamente eliminar, el es impuesto al cheque, una fuente de ingresos que desde que comenzó este año sólo le trae satisfacciones al Gobierno aportando el mes pasado unos 13.338 millones de pesos (30% más que mayo del año pasado) y proyectando para todo el año unos $156.000 millones (28% más que 2016). El otro impuesto sobre el que se piensa trabajar para reducir su presión en la reforma impositiva, es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el caso de Ganancias, el Gobierno quiere trabajar sobre la reforma que tuvo que aplicar desde este año a partir de la ley que se aprobó en diciembre de 2016 y que el oficialismo aceptó luego de que la oposición aprobara en Diputados una modificación radicalizada y que el Senado estuviera a 48 horas de obligar a Mauricio Macri a vetarla. Como contrapartida, se quiere mantener con el nivel actual la carga sobre las retenciones a las exportaciones y los derechos de importación; así como, se sabe en el oficialismo sólo se puede trabajar en Ganancias hacia abajo y nunca hacia arriba. Pensar en recaudar, sin más, menos IVA y el impuesto al cheque, sin contrapartida de ingresos por otra vía (que obviamente no sea aumentar en endeudamiento) es una utopía fiscal. La solución al dilema es ganar tiempo. Cree el Gobierno que con los meses, los ingresos por el IVA Impuestos (que miden además la marcha de la actividad interna), mejorarán sustancialmente y se mantendrán cerca del 25% de incremento anual; mientras que habrá una necesaria mejora en la liquidación de los exportadores de soja y la consecuente recaudación de los derechos de exportación. Y que además, luego de las elecciones, comenzará a notarse una baja importante en el nivel de gasto nacional, fruto de la reducción de los subsidios a los servicios y el aumento en la producción local de energía, mas una baja en los gastos corrientes. 

• Reforma laboral. Para el Gobierno resulta fundamental avanzar en este capítulo, pero sabe que políticamente es imposible de plantear. El oficialismo conoce la realidad sobre lo impopular que es el planteo de este tema y menos con un Congreso semiparalizado y con los propios diputados haciendo campaña por todo el país, menos en el recinto. La idea del Gobierno es avanzar en la flexibilización de los contratos laborales para los jóvenes que se incorporen al mercado (subiendo de 3 a 6 los meses de pasantías), algún tipo de plan para ir reduciendo los subsidios laborales a medida que los beneficiarios de los planes vayan ingresando con eventuales mejoras en el nivel de presión de los aportes y cambios radicales en las leyes de despidos y de las ART. La idea es mejorar el "costo argentino" en el mercado laboral y "desmitificar" la idea que una flexibilización laboral sólo sirve para bombardear los derechos de los trabajadores.
• Reforma del Comercio Exterior. El oficialismo quiere avanzar en el desmantelamiento paulatino de las retenciones a las exportaciones, una promesa electoral que cuesta implementar por la poca reacción de la recaudación. A cambio busca el macrismo ir reduciendo los niveles de subsidios a la producción industrial interna y mejorar la competitividad de la compra de bienes de producción y de tecnología. También se quiere avanzar en acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (para Mauricio Macri es prioritario) y con los países del Pacífico. Nada de estos planes podría siquiera plantearse sin un acuerdo político que permita discutir con seriedad la estructura productiva del país para los próximos años. 

• Subsidios a los servicios públicos. El Gobierno quiere dar por cerrado en 2018 el problema heredado de los retrasos en las actualizaciones de las tarifas y la falta de inversión en los servicios públicos nacionales. El problema para el oficialismo, es doble. Por un lado se asegura que el gasto en subsidiar tarifas públicas de electricidad, gas, agua, transporte y combustibles, pese a las mejoras aplicadas en los primeros dos años, sólo cubrieron el 30% del gasto público generado por el ítem subsidios; y que sólo se podrá avanzar en una definición terminal con un acuerdo político que se suscriba en el Congreso. El otro problema que comprendió el macrismo al llegar al poder es que sólo con un horizonte tarifario serio y a largo plazo habrá inversiones privadas en estos capítulos. Cualquier aporte de capitales depende de la capacidad de las empresas prestadoras de estos servicios de tomar dinero en los mercado de capitales locales o extranjeros, y ninguna de las compañías puede plantear hoy esta aventura financiera sin tener un escenario tarifario definido (hacia arriba obviamente) para no menos de 5 años hacia delante.