ES POR LA PESIFICACIÓN Y LAS PÉRDIDAS QUE SUFRIÓ CON LA CRISIS DE 2001 Y 2002

La entidad canadiense, que se fue del país en 2002, se ampara en un tratado bilateral de 1991. Se creará un tribunal con tres miembros, uno por cada parte y uno neutral.

El canadiense Bank of Nova Scotia, que en la Argentina operó hasta 2002 con el nombre de Scotiabank, inició una demanda contra el país por u$s 600 millones, en reclamo de las pérdidas que sufrió durante la crisis. Este es el primer procedimiento judicial que realiza una entidad financiera contra el Estado, amparada en un tratado bilateral que la Argentina y Canadá firmaron en 1991.

El banco presentó ayer una notificación de arbitraje, según las condiciones que establece el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones acordado entre ambos países (Ley 24.125). Existen versiones encontradas entre ambas partes sobre la evolución del proceso. Una fuente del gobierno argentino dijo a Reuters que la demanda abre un período de conciliación y que, si fracasa, la entidad puede presentarse a tribunales internacionales.

Pero la empresa dice que llegó a esta instancia después de presentar tres escritos en los últimos 18 meses y que, al no haber respuesta, solicitó el armado del tribunal. Según el tratado, una vez presentada la notificación, las partes involucradas tendrán dos meses para designar un árbitro propio y luego, entre ambos, elegirán un tercero de un país neutral, que actuará como presidente.

"Las acciones expropiatorias y discriminatorias tomadas por las autoridades argentinas han ocasionado la pérdida de la totalidad de la inversión en su subsidiaria, Scotiabank Quilmes", aseguró el banco canadiense en un comunicado. En esos términos se refiere a la pesificación asimétrica de préstamos y depósitos que ocurrió a principios de 2002. Según Frank Switzer, vocero del grupo, el Scotiabank perdió u$s 721 millones en su unidad argentina y contabilizó cargos antes de impuestos de u$s 442 millones en el segundo trimestre de 2002 para cerrar el negocio.

Los canadienses dicen que el gobierno violó el tratado bilateral porque tomó acciones discriminatorias y expropiatorias, sin compensarlos. Entre las primeras, dicen que el Banco Central no les permitió pagar un vencimiento de obligaciones negociables en enero de 2002, "a pesar de contar con fondos para ello". También reclaman que el BCRA no otorgó ayuda financiera al Scotiabank sobre la misma base de la que se le dio a las entidades nacionales. Por último, arguyen que el BCRA obstruyó el intento de reestructuración que planteó el banco.

Al mismo tiempo, Bank Nova Scotia reclama que hubo una acción expropiatoria: la conversión obligatoria de los depósitos y préstamos en dólares a pesos, a diferentes tipos de cambio. "No obstante que el gobierno ofreció una compensación con bonos del Estado, el Scotiabank nunca los recibió", asegura el comunicado.

Este último punto es uno de los que actuó como disparador de la demanda. El 10 de febrero pasado, el Banco Central le informó al ABN AMRO –el fiduciario que actuó en la venta del Scotia– que debían efectuarse ajustes en los montos calculados de compensación, que implican una disminución de $ 630 millones. "Esta decisión puede haber tenido una gran incidencia en el inicio de la demanda", destaca Federico Jiménez Herrera, del estudio Demaría, Fernández Cronenbold & Barra, asesores legales de la Sindicatura que entiende en la quiebra del Scotiabank.

El Scotiabank abandonó el país a mediados de 2002, después de varios meses de negociaciones con el Banco Central. Como no se llegó a un acuerdo, se decidió liquidar la entidad: el Comafi y el Macro se hicieron cargo de los pasivos privilegiados y de los activos. Y el resto de los acreedores pasaron a ser parte de la quiebra, que acumula pasivos verificados por más de $ 500 millones.

Este proceso, lejos de estar resuelto, puede culminar en la extensión de la quiebra a la casa matriz de Canadá. "Por eso, la demanda internacional de los canadienses parece más un ataque para defenderse que una acción legal genuina", destaca un abogado de la city.

En junio del año pasado, los síndicos que actúan en la quiebra recomendaron extenderla a la casa matriz. El argumento es que en el peor momento de la crisis, los dueños del Scotia llevaron adelante maniobras que "rozan lo ilegal", como el pago de u$s 11,3 millones en dividendos en efectivo, cuando el banco estaba pidiendo asistencia por iliquidez.