Por Martín Kanenguiser - La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó la demanda de los acreedores en default que pretendían embargar el pago de la deuda por parte de la Argentina.

Preska, que se hizo cargo de las causas referidas a la deuda argentina tras la salida del juez Thomas Griesa, desestimó la posibilidad de que los holdouts puedan trabar el pago del Gobierno a los acreedores que sí aceptaron la oferta que hizo la Argentina para salir del default desde febrero de 2016.

Se trata de una presentación de la Argentina realizada en junio en forma preventiva, según explicaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Finanzas.

En la orden judicial se recuerda que "los acuerdos en todos los casos de la deuda argentina" son "de importancia crítica para la salud económica de la Nación".

Por esta razón, "esta Corte ha determinado previamente que cualquier intento de embargo, restricción o similar referido a los fondos destinados a los acuerdos será contraria al interés público".

De este modo, la jueza ordenó que "todos los bonos sujetos a los acuerdos sean retenidos en una cuenta de depósito en garantía en custodia de la Corte", de modo de que no puedan ser embargados o restringidos "por ningún acreedor de la Argentina u otra persona y queden en jurisdicción de la Corte, hasta que sean distribuidos y cancelados según el acuerdo" alcanzado con los bonistas.

El portal Research for Traders informó ayer que los acreedores que no llegaron a un acuerdo buscaban captar unos US$ 450 millones que el Gobierno tenía previsto destinar a los integrantes de la acción de clase Henry Brecher, que llegó a un acuerdo con el país a principios del año pasado.

"La orden había sido escrita por Griesa, pero firmada por Prieska, y dice que ningún holdout puede embargar o ejecutar cualquier bono o pago a acreedores que ya arreglaron, pero que todavía no cobraron", explicó Sebastián Maril, de Research for Traders.

Maril detalló que "el caso Brecher sigue abierto porque hay que validar cada uno de los bonos por el monto reclamado y que no estén prescriptos".

El analista indicó que "estos conflictos siguen abiertos porque hay muchos bonistas que no arreglaron porque están descontentos con la oferta que hizo la Argentina".

En el extranjero queda pendiente el arreglo con menos del 1% de los bonistas, básicamente con tres fondos de inversión con los que Finanzas sigue discutiendo por bonos que están prescriptos. El Gobierno decidió no pagarle a nadie estos bonos ya vencidos. Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, cuya posición quedó muy débil cuando Griesa decidió rechazar, a fines de 2016, su pedido para establecer que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu y que ofreció una solución aceptada por más del 99% de los acreedores.