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Por
Verónica Dalto - El Gobierno se propone cumplir con la ley de Responsabilidad
Fiscal, por la cual el gasto corriente primario se mantenga constante en
términos reales, y que el nivel de erogaciones se licúe con el crecimiento del
PBI para cumplir con las metas fiscales. Pero sabe que para lograr el objetivo
de déficit primario de 3,2% sobre el PBI en 2018, el esfuerzo será duro, porque
estará obligado a ajustar los rubros que no están indexados.
Según
estiman los privados, el aumento del gasto total debe ser equivalente a la
inflación menos cinco puntos, debido a que las erogaciones sociales, la mitad
del gasto, siguen a la evolución pasada de los precios (más alta).
Según
un análisis del Estudio Bein, si la economía creciera 3% el año que viene,
alineado con las proyecciones del Gobierno, el gasto público debería bajar 4,5%
en términos reales para cumplir con las metas fijadas.
Para
el cálculo parte de un déficit este año de 4,5% (que incluye los ingresos por
blanqueo, que el año que viene ya no estarán). Supone que la recaudación
crecerá con la economía, pero puede desacelerarse si se aplica una reforma
tributaria, y estima que el atraso cambiario se mantiene constante para
calcular el crecimiento en dólares del PBI.
Sin
embargo, el Estudio Bein estima que el crecimiento del año próximo será de
apenas el 1,6% por el atraso cambiario, el impacto en el consumo de los ajustes
de tarifas y porque los niveles de obra pública pueden alivianarse. También,
por un mayor ajuste fiscal.
En ese
caso, el esfuerzo del fisco debería ser superior, para que el gasto público
caiga en términos reales el 5,7%. "El atraso cambiario ayuda porque no
pega sobre los subsidios (en gran parte, atados al tipo de cambio). Cualquier
movimiento hacia arriba del tipo de cambio, requeriría mayor esfuerzo
fiscal", advirtió Santiago Mosquera, economista de la consultora, que
estima una inflación del 16% en 2018.
Si la
economía no creciera en 2018, el gasto debería caer 7,3% en términos reales.
Este esfuerzo fiscal, a la vez, debe hacerse sobre la parte del gasto que no
está indexada. Sucede que casi la mitad del gasto público jubilaciones y
pensiones y otras asignaciones está actualizado en forma automática en marzo y
septiembre de cada año, por la fórmula de movilidad, atada a la recaudación y a
la evolución de los salarios formales del período anterior. En un contexto de
inflación descendente, implica un gasto público en ascenso.
La
consultora LCG prevé que el gasto previsional avance 5% en forma acumulada el
año que viene (después de que avanzara 0,4 punto del PBI este año).
"El
aumento del PBI es el que va a ir disminuyendo el déficit sobre el PBI. Pero el
50% del gasto es seguridad social y subsidios sociales y está indexado a la
inflación de 2017. Eso implica 0,6 punto más del PBI sólo por el cumplimiento
de la ley", coincidió el economista Miguel Angel Broda.
Según
su análisis, con un crecimiento estimado de 2,8% en 2018, el Gobierno deberá
llegar a su meta de déficit de 3,2% desde un 4,9% del PBI en 2017.
"Es
un enorme esfuerzo; es una tarea dificilísima", dijo el economista Miguel
Angel Broda. "No decimos que no se pueda hacer", agregó. Porque no
prevé una suba de ingresos, ya que el alza de la recaudación será compensada
con la reducción gradual de la alícuota a las retenciones a las exportaciones
de soja (0,4% del PBI) y la devolución de tres puntos de coparticipación de
ANSeS a las provincias (0,2% del PBI).
Según
su análisis, para cumplir con la meta, el gasto en subsidios tendría que
desaparecer. Pero para que baje desde el 2,3% del PBI actual, las tarifas de
transporte deberían subir 200%; las de electricidad, 100%, y las de gas, 300%.
El
Gobierno ya adelantó un recorte de 0,7 punto sobre el PBI en los subsidios para
el año próximo, su intención de avanzar en los PPP y fijó topes al crecimiento
de los gastos en los ministerios. En tanto, prevé que la recaudación crecerá
por efecto del repunte de la economía y de la inflación. Y planificará el
efecto de la reforma tributaria al Congreso para cumplir con la meta fiscal.
Pero
se espera conocer con mayor precisión recortes adicionales después de las
elecciones de octubre.
Porque
para lo que resta del año, también deberá recortar en términos reales el gasto
entre 6 y 7% para alcanzar la meta del 4,2%, según indicó el economista Gabriel
Caamaño Gómez: "Dado los primeros cinco meses del año, el gasto se tiene
que desacelerar a la mitad".
Entiende
que será clave la decisión que se tome con las tarifas de transporte para bajar
los subsidios a ese sector (1% del PBI), cuánto se desaceleran las
remuneraciones por las nuevas paritarias estatales y las transferencias a las
provincias.
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