Por Carlos Burgueño - El Gobierno no tratará este año el mecanismo de ajuste por inflación en la presentación de los balances. Sólo está dispuesto a discutirlo dentro de un debate general en el Poder Legislativo dentro de una ley de reforma tributaria que debería darse con la conformación del Congreso que surja de las próximos elecciones legislativas. Esto sería recién bien entrado el 2018, con aplicación desde el 2019 e, inevitablemente, por una nueva ley. La idea es que si se vuelve a aplicar el esquema de ajuste, se vuelva a legalizar cuando, teóricamente, ya no sea importante e influyente en la recaudación porque, precisamente, ya no habría inflación para corregir; ya que el Gobierno espera que para el próximo año el alza de los precios sea de aproximadamente 10% y de un dígito en 2019. Hasta ese momento, seguirá siendo implacable, por la negativa, cada vez que algún privado intente aplicar el ajuste en sus balances, repitiendo la experiencia del BBVA de junio pasado. El banco había intentado aplicar el ajuste sin consultas previas ni a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Abad, ni al Banco Central de Federico Sturzenegger y recibió un doble golpe. Una integral del organismo recaudador y una prohibición lisa y llana de la entidad financiera, que además dejó al banco fuera de la carrera por una eventual compra del Banco Patagonia, camino que quedó así liberado para el Banco Macro. En otras palabras, el decreto 664 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial el 25 de marzo de 2003 vigente desde abril de ese año, seguirá prohibido hasta la próxima reforma impositiva o, en su defecto, hasta que no haya inflación y su aceptación o rechazo ya no traiga polémicas.

La decisión oficial sobre la actitud a tomar en la aceptación, o no, del ajuste por inflación, fue decidida por el Ejecutivo, luego de evaluar las consecuencias que podría tener en la recaudación la aceptación del esquema, vigente hasta comienzos de la década del 90 y prohibido por la ley de Convertibilidad al considerarselo "indexatorio" y de por sí, inflacionario. Habría sido Carlos Tachi, recordado secretario de Ingresos Públicos de la gestión de Domingo Cavallo, que había recomendado su prohibición al enviarse al Congreso la ley que reglamentaría el uno a uno. No hubo discusiones en la medida, hasta que en enero de 2002, el Gobierno de Eduardo Duhalde resolvió salir de la convertibilidad, aplicar una feroz devaluación manteniendo la prohibición del ajuste en la ley de salida del esquema cambiario vigente durante los 90. Luego, durante todo el 2003, hubo presiones para que se aplique el ajuste, a partir de la inflación de 41% registrada en 2002; sin que los reclamos hayan sido tenidos en cuenta. La decisión había sido tomada por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, y Alberto Abad durante su primera gestión en la AFIP; manteniéndose hasta hoy, y pese a la presión de muchas grandes empresas del país con gran cantidad de activos revaluados.

Las presiones volvieron este año, luego que el primer año de gestión de Mauricio Macri registrara una inflación acumulada de aproximadamente 39% y que ya no esté el kirchnerismo en el poder. Se consideró en muchos sectores privados casi como un derecho adquirido la necesidad de insistir por la aplicación de este esquema de reactualización de balances bajo el argumento que, en algunos casos, la alícuota del pago del Impuesto a las Ganancias podría incrementarse hasta un artificial 35% al aplicarse la alícuota máxima sobre ganancias ficticias producto de la revalorización de activos por el incremento de los precios. Desde la AFIP, el Central y el palacio de Hacienda, tanto en la gestión de Alfonso Prat Gay como la actual de Nicolás Dujovne, se negó la posibilidad de trabajar sobre la alternativa de una restitución del mecanismo de ajuste por inflación; pese a los pedidos de los colegios profesionales de ciencias económicas que aseguraban que el esquema termina siendo válido cada vez que el alza del IPC supere el 10%. Se calcula que desde abril de 2003, la inflación acumulada superaría el 800% (incluyendo los años de intervención de Guillermo Moreno) sin que se les permita a los privados realizar algún tipo de adecuación y liquidando año tras año ganancias ficticias. Para el Ejecutivo, a partir de los datos mensuales de la recaudación que aporta la AFIP, hablar de una adecuación de semejantes dimensiones resultaría una utopía fiscal, en tiempos de desequilibrios entre ingresos y gastos de más de 6% del PBI.