Por Carlos Burgueño -  Aunque es remota la posibilidad de avanzar en la reforma impositiva en estos tiempos de déficit fiscal y campaña electoral, el gobierno igual elabora ideas fuerza para llevar al Congreso Nacional una vez que se conforme el nuevo Poder Legislativo. Esto será en diciembre, y la intención del macrismo es que ya para fin de año haya algún tipo de diseño básico a negociar con los partidos opositores (o al menos con algunos) para llegar a un consenso. Este debería dar resultados en 2018, cuando el gobierno quiere tener la reforma aprobada y comenzada a aplicar, aunque sea en partes. La idea es que para el 2019 se aplique todo el paquete negociado y consensuado con frentes como el massismo, el socialismo y, fundamentalmente, gran parte del justicialismo que represente a los gobernadores provinciales; con los que se inaugurarán, en cuanto se pueda, las discusiones sobre los dos principales impuestos que se quieren modificar: ingresos brutos y rentas municipales a los que se los considera en el oficialismo "distorsivos y destructivos". Se sabe que a cambio de estas modificaciones, se deberá elaborar un nuevo esquema de reparto de fondos con las provincias y que este será el punto más conflictivo a negociar y discutir con toda la clase política argentina. El gobierno está dispuesto a das la batalla, pero se negará a aprobar un "Frankestein Impositivo". Esto es, un sistema elaborado a partir de la introducción de propuestas e ideas de todas las corrientes políticas que tengan representación legislativa y estén de acuerdo con la modificación del régimen tributario, pero que en su conjunto sean incoherentes entre sí. La intención es que el diputado oficialista Luciano Laspina comience a negociar con los legisladores Marco Lavagna, Jorge Sarghini o Diego Bossio. 

Mientras tanto, dentro del Ejecutivo, hay varias propuestas que están siendo elaboradas y pasadas por el tamiz más importante: el cálculo de ingresos perdidos (o recuperados) de las modificaciones. Se comprende que con un déficit fiscal que se ubica actualmente entre 40.000 y 50.000 millones de pesos mensuales, pensar en reducir presiones impositivas es una quimera. Y se sabe además que los impuestos más distorsivos son el del Valor Agregado (IVA) y el de las transferencias financieras o tributo al cheque. Sobre estos dos tributos igual se está trabajando, en esquemas que no reduzcan los ingresos fiscales, algo difícil de lograr.

IVA. El gobierno descarta la idea de una rebaja del impuesto lisa y llana, tal como propone el Massismo. Por ahora, puertas adentro, se la considera sólo como un "exabrupto de campaña imposible de aplicar" y que, de aplicarse, "sólo recompondría la ganancia y la ventaja quedaría en el medio de la cadena". Se espera en el macrismo, que una vez que se hayan terminado de contar los votos de octubre, los legisladores economistas que siguen a Sergio Massa se sienten a negociar una propuesta más seria. Lo que estaría dispuesto a negociar el gobierno, es una reforma que parta a partir del concepto de "subsidio" y fomentando la "vía electrónica". La idea sería que el consumidor final, a través de una tarjeta (tipo SUBE) se le reintegre en una caja de ahorro una parte del impuesto, que luego pueda ser reutilizado sólo con pagos dentro de la misma tarjeta. Habría topes de reintegro y la devolución nunca debería superar el 5% final de la compra. Creen en el gobierno que con este mecanismo se fomentaría el principal problema que tiene hoy este tributo: el alto nivel de comercio en negro, que estaría llegando en algunos sectores al récord de más de 40%. Se piensa que el esquema podría comenzar paulatinamente con algunos sectores puntuales (alimentos, bebidas, combustibles, construcción) y luego ir llevándolo al resto de la economía. 

Impuesto al cheque. El gobierno no quiere derogarlo, ya que es una vía de recaudación diaria y efectiva. La hipótesis es que se trabaje sobre la posibilidad de una esquema de mayores alternativas para tomar en cuenta para descargarlo, comenzando por ganancias para los empleados en relación de dependencia y para los trabajadores independientes que cobran sus honorarios vía bancaria y sufren los descuentos.