Por Pablo Fernández Blanco - La reforma de ministerios que dispuso Mauricio Macri la semana pasada bajo la bandera de la reducción del gasto público trajo consigo una nueva bendición para Marcos Peña, su funcionario dilecto en la conducción nacional. El ya poderoso jefe de Gabinete, que supervisa la gestión de los ministros a través de los coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, acaba de sumar el derecho de tener la última palabra sobre todas las inversiones del Estado a nivel nacional, algo que hasta ahora gravitaba en el ámbito del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, que lo había recibido más por un pasaje de manos en el marco de cambios anteriores en los ministerios que por un pedido propio.

El decreto 513, que se conoció la semana pasada, sostiene que una de las premisas del Gobierno es lograr "la utilización racional de los recursos públicos, particularmente los relacionados con la inversión pública nacional, para potenciar la planificación y el control de gestión de ésta". Y a partir de ese argumento afirma que "corresponde" transferirle esa tarea a la Jefatura de Gabinete.

En la práctica, el cambio normativo le permitirá a Peña manejar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), que tiene un rol clave en la definición de los proyectos de infraestructura e inversión en general que se incorporan al presupuesto de cada año, es decir que contarán con los fondos públicos necesarios para ser desarrollados. Además, Peña será el encargado de controlar la marcha de las iniciativas, algo que ya ocurre en la actualidad mediante un trabajo junto con el Ministerio de Modernización, de Andrés Ibarra.

Los recursos para inversión pública constituyen una de las partidas más importantes del presupuesto nacional. En 2014, por ejemplo, el kirchnerismo destinó a esa tarea $ 91.510 millones (unos US$ 10.665 millones, según el tipo de cambio del último día de ese año), mientras que en 2015 puso $ 148.622 millones (alrededor de US$ 11.000 millones).

Pese a que intenta reducir el gasto público en otras áreas, la reducción de la inversión pública no parece ser un objetivo del macrismo. Al menos así lo muestran los números en lo que va del año.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto, en los primeros cinco meses de 2017 el Estado puso cerca de $ 52.300 millones en inversión real directa (IRD, ejecutada directamente por la Nación) y transferencias de capital a provincias y municipios, "lo cual constituye un 69% más que el monto devengado en igual período de 2016". Esa cifra está muy por encima de la inflación del año pasado, de manera que se trató de un aumento real de los recursos para esa área.

El Gobierno también cambió la dirección de los fondos. Por ejemplo, hasta mayo pasado más de una cuarta parte de esa suma se concentró en la provincia de Buenos Aires (19% del total) y la ciudad de Buenos Aires (8,8%), gobernadas por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, dos de los principales alfiles de Cambiemos.

Si la hoja de ruta en materia económica que estableció la administración Macri se mantiene inalterable, además, es muy probable que los fondos destinados a inversión ganen aún más relevancia. Eso se debe a que de la mano de la reducción de los subsidios, que se canalizan a través de empresas como Cammesa (la administradora del mercado eléctrico mayorista) y Enarsa (la empresa estatal de energía a cargo de la importación de gas desde Bolivia, Chile y ultramar, entre otras cosas) y la apuesta por la obra pública, los primeros perderán importancia en comparación con la segunda en la contabilidad del Estado.

Con la modificación regulatoria, la Jefatura de Gabinete tendrá a cargo la definición y el seguimiento de todas las grandes obras que se hagan de acá en más en el país. Eso incluye un mosaico muy variado de proyectos, que van desde el tendido de rutas, una tarea a cargo de Vialidad Nacional, hasta la construcción de usinas eléctricas, el diseño de reactores nucleares, la compra de bienes de capital y la asistencia a provincias para hacer inversiones públicas.

Peña podrá, entre otras cosas, intervenir en la definición de los sectores prioritarios para el destino de las inversiones públicas, así como en la búsqueda de fuentes de financiamiento para esos proyectos.

Las iniciativas se seleccionarán, en coordinación con otros organismos, sobre la base de "la tasa de retorno individual y social de cada proyecto". Una vez seleccionados, Jefatura enviará la propuesta presupuestada de fondos y avales a la Secretaría de Hacienda -que dirige Rodrigo Pena- y la Oficina Nacional de Presupuesto, para que los compatibilicen con los créditos de cada jurisdicción.

Si Macri lo dispone, la Jefatura podrá fijar un monto máximo para que un proyecto de inversión pueda ser aprobado directamente por un ministerio para su inclusión directa en el Plan Nacional de Inversión Pública. Pero ese número nunca podrá ser superior al uno por mil del presupuesto anual de inversión pública nacional del ejercicio anual inmediato anterior.

Según las últimas cifras disponibles, el presupuesto para 2015 fue de $ 148.622 millones. De manera que cualquier iniciativa que supere los aproximadamente US$ 8 millones tendrá que contar con el visto bueno de Marcos Peña.

Números a tener en cuenta

$ 52.300

Millones

Es el monto de inversión dispuesto por el Estado entre enero y mayo pasados

27,8%

Concentración

Es el porcentaje de aquella suma destinado a la provincia y la ciudad de Buenos Aires