Por Marcelo Zlotogwiazda - El blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno y aprobó el Congreso no hubiera tenido tan buenos resultados en términos de exteriorización sin las condiciones tan convenientes para quienes tenían sus fondos en negro. Animados por ese antecedente, el Gobierno prepara para después de las elecciones un nuevo blanqueo, que en este caso tendrá como objetivo la formalización de trabajadores no registrados, y que al igual que el blanqueo anterior será muy generoso con los empresarios.

El borrador del proyecto de ley que está circulando por despachos oficiales establece como esquema básico que una vez que empleador y trabajador acuerden la registración, al primero se le condonará toda la deuda acumulada con la seguridad social, y al segundo el Estado le reconocerá y computará determinados años de aportes que le servirán para el cálculo futuro de la jubilación. 

En el Ministerio de Trabajo argumentan que ese diseño beneficia a cada una de los actores involucrados. El empleado obtiene algún reconocimiento por el pasado y comienza a tener cobertura social y seguro previsional. El empresario cancela todo el pasivo contingente. El Estado recauda nuevos aportes patronales y contribuciones personales. Los sindicatos elevan su afiliación y el cobro de cuotas.

Si bien ese esquema básico ya fue conversado con algunos dirigentes sindicales y empresarios, en Gobierno están convencidos de que, cualquiera sea el resultado electoral, cualquier reforma laboral requiere de un amplio consenso político para no terminar con un fracaso como el de la llamada "ley Mucci" de reordenamiento sindical que pretendió el primer alfonsinismo, y para no tener que recurrir a negociaciones espurias como la llamada "ley Banelco" que impulsó la Alianza. Y al respecto admiten y prevén que el principal escollo para lograr ese consenso será la generosa condonación que beneficiará a los empresarios, que será criticada por excesivamente concesiva y agitará el estigma del Gobierno para ricos. 

De todas maneras, la expectativa que tienen sobre los resultados de ese blanqueo no es desmesurada. "Si logramos formalizar 300.000 personas será un gran logro", dice uno de los funcionarios que empuja el tema. Ese número equivale a apenas el 5 por ciento de los 6 millones de personas que están en negro, o a algo más del 10 por ciento del subgrupo de 2,5 millones de personas en negro condición de asalariadas (el grueso en la construcción, el servicio doméstico y el comercio). El resto son todo tipo de cuentapropistas, desde el psicólogo que jamás emitió una factura hasta el cartonero, pasando por el electricista y el plomero a domicilio.

La mencionada invocación al consenso como requisito es esgrimida otra vez desde el Gobierno para desmentir que estén pergeñando algún proyecto de flexibilización que apunte a estimular por la vía de la reducción de costos la escasísima creación de puestos de trabajo asalariados en el sector privado que genera la economía en los últimos años, que es el otro gran problema del mercado laboral junto con la informalidad. 

El informe oficial difundido anteayer muestra que la cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector privado en mayo de este año (6.183.400) es apenas 2,3 por ciento mayor que hace cinco años. Y en lo que va de la gestión del actual Gobierno esa cantidad disminuyó en 63.126. 

Aunque el oficialismo niega que esté pensando en flexibilizar las relaciones laborales y atribuye las versiones que circulan a la lógica de la campaña electoral, no son pocos los que sinceramente desconfían. Más aún, luego de la salvaje reforma laboral sancionada en Brasil, que tiene como uno de los puntos claves que habilita que haya convenios por empresa menos favorables que el de su sector, y que para algunos implica una pérdida de competitividad relativa para la Argentina. 

En ámbitos políticos y académicos opositores se están pertrechando con argumentos para enfrentar una eventual ofensiva desreguladora. Por ejemplo, está circulando una presentación de Alfred Kleinknecht, profesor emérito de la Universidad Tecnológica Delft de Holanda que el mes próximo disertará en Buenos Aires, que compara los resultados en términos de crecimiento inclusivo y productividad de los modelos que él denomina de mercado liberal y de mercado coordinado. El primero refiere a las economías de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde hay flexibilidad laboral y escasa protección al trabajador, y el otro a las de los países europeos continentales y a Japón, con mayor rigidez laboral y alta protección al trabajador. Su conclusión es que ambos modelos generan similar crecimiento, pero el liberal flexible tiene menor productividad del factor trabajo, por lo tanto salarios menores, más empleo y menor innovación productiva. 

Si esas fueran las opciones, da la impresión que Macri optaría por la primera.