Por Carlos Burgueño - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la "desmorenización final" del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El organismo financiero internacional que dirige el colombiano Luis Alberto Moreno cerró ayer la reactivación de un crédito por unos u$s50 millones, que serán otorgados al ente que dirige Jorge Todesca para "mejorar las estadísticas públicas" para "facilitar el ejercicio pleno del derecho a la información pública por parte de la ciudadanía". 

Se trata de un préstamo que el organismo ya había negociado en 2003 al finalizar el Gobierno de Eduardo Duhalde y que abarcaba un total de unos u$s700 millones que se utilizarían para modernizar gran parte de la administración pública nacional, luego de la caída de la convertibilidad, en pleno default y cuando se había perdido cualquier tipo de posibilidad de financiamiento del exterior. En su momento había sido el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, el que negoció el préstamo, que incluso fue avalado durante una visita oficial del entonces presidente del BID, Enrique Iglesias, de excelente relación con el Gobierno argentino de entonces. 

Los fondos fueron llegando lentamente desde el organismo al país y se fueron aplicando a diferentes reparticiones públicas para su modernización. Hasta que llegó 2007 y tocaba el turno del INDEC. En ese momento, por propia decisión de Moreno (que había reemplazado a Iglesias en 2005), el préstamo quedó en un stand by, como el resto de los prestamos aprobados con el país. 

Finalmente en 2010 la fuente de financiamiento del BID volvió a abrirse luego de una larga negociación con el organismo, pero dejando en claro que el dinero destinado al INDEC quedaba suspendido. En esos tiempos, los informes desde el FMI y el Banco Mundial sobre la confiabilidad de los datos de la repartición que debía medir las estadísticas públicas ya estaba cuestionados, tanto en su conducción como en su funcionamiento y resultados. 

No hubo por el lado del Ejecutivo de entonces mayor voluntad de defender al INDEC, con lo que la posibilidad de lograr los fondos para mejorar la repartición quedó congelada hasta nuevo aviso. En las negociaciones que se mantuvieron con el entonces Ministerio de Economía, se aclaraba que el dinero debía ir, precisamente al sector recolección y tratamiento de datos, el lugar donde la intervención había llegado de manera más brutal, incluyendo la presencia de "barras bravas" en las oficinas donde debían derramarse los 50 millones de dólares de modernización. Un estudio fechado el primero de diciembre de 2010 firmado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con conclusiones lapidarias sobre el funcionamiento del INDEC, la veracidad de sus datos y la inseguridad con la que se trabajaba hicieron que definitivamente se enterrara cualquier tipo de ayuda. 

Las negociaciones con el BID se reabrieron a mediados del año pasado y el organismo internacional se tomó casi un año hasta avalar los nuevos tiempos. Ayer, a través de un comunicado oficial del BID, el préstamo se aprobó, anunciando que "el proyecto incrementará la relevancia y confiabilidad de la información estadística oficial a través del uso generalizado de la información producida por el INDEC de Jorge Todesca, tanto por parte del Gobierno como de la sociedad civil, el sector privado y la academia". Además, se asegura "se permitirá reducir la diferencia entre los indicadores económicos provisionales y los definitivos, reducir la tasa de no respuesta en encuestas por muestreo, ampliar la cobertura del censo de población y económico, y acortar el tiempo transcurrido entre la realización de la Encuesta Permanente de Hogares y la publicación de sus resultados". El BID detectó como fundamentación para habilitar el dinero que uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina es "el retraso incurrido en el uso de nuevas técnicas, metodologías, recursos humanos e infraestructura estadísticas, lo cual dificulta el proceso de producción estadística". 

La Argentina debía tener estadísticas habilitadas por organismos internacionales, entre otros fines, para poder comenzar a desandar el camino para ser aprobado como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lo cual resulta indispensable contar con una institución estadística que siga "las buenas prácticas", según la definición del BID. Se promoverá "la transparencia" y "el acceso a la información" y la "actualización de las bases estadísticas sociodemográficas y económicas, mejoras de la infraestructura física e informática del INDEC y la mejora de la coordinación entre dicha institución y los otros organismos del Sistema Estadístico Nacional". En total, el banco internacional aportará unos u$s50 millones (de un total de 200 millones que faltaban liquidar del crédito original de 700 millones de dólares), tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5 ½ años y una tasa de interés basada en Libor. 

El BID resaltó, además, la nueva Ley del Derecho de Acceso a la Información Pública, la reforma al Código Penal que introduce la figura del imputado arrepentido, el registro de obsequios a funcionarios y el Plan de Gobierno Abierto. También la Implementación del sistema de gestión electrónica para las Contrataciones y Concesiones de Obra Pública, CONTRAT.AR, y la implementación y puesta en funcionamiento de un único sistema integral para la gestión y administración del personal (Sistema de Administración de Recursos Humanos SARHA).