Por Pablo Fernández Blanco - Si en el fútbol los goles son amores, en años electorales el acceso a la casa propia para los sectores populares es sinónimo de votos. Un poco orientado por esa lógica, pero también por un déficit habitacional histórico que se corrobora fácilmente en términos cuantitativos cuando se ponen en una planilla de Excel los números del Censo 2010, el Gobierno aceleró este año la construcción de viviendas sociales en todo el país. Según un documento oficial al que accedió LA NACION, hasta el 13 de junio pasado estaban en ejecución 81.003 unidades, un 12,5% más que el máximo ejecutado en 2016.

De hecho, el año pasado se alcanzó un máximo de 72.000 unidades (en diciembre, por caso, había 49.000 casas en construcción para sectores de menores recursos).

De las cifras de este año, unas 50.758 viviendas corresponden a unidades enmarcadas en convenios firmados en años anteriores (algunos vienen desde el kirchnerismo), pero aún en marcha. A las viviendas en construcción se les suman otras 5168 casas que ya fueron finalizadas en lo que va del año.

La edificación de viviendas sociales a través de los institutos provinciales de vivienda es la alternativa oficial para atender la demanda habitacional de sectores de bajos recursos que tienen una mínima capacidad de ahorro.

Las cifras anteriores no incluyen las obras en el marco del plan Procrear, la opción para el sector de recursos intermedios. El Gobierno, además, apunta a llegar a los sectores de mayor poder adquisitivo a través de créditos a 30 años de plazo que ofrecen los bancos públicos y privados.

La política de vivienda está en manos del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, que la maneja a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Domingo Amaya.

La aceleración del uso de recursos para vivienda social empujará también en 2017 el número de unidades entregadas. "Este año vamos a terminar unas 26.000 unidades, en comparación con las 13.000 del año pasado", explicó a LA NACION el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, que también es presidente del Procrear.

Según el funcionario, el Gobierno redirigió los programas de construcción de viviendas para la población de menores ingresos (entre 0 y dos salarios mínimos). "Con un subsidio acorde con la capacidad de pago, [las obras] serán destinadas a aquellos hogares que no puedan acceder a una vivienda a través del mercado formal", completó.

Vidal, primero

La provincia de Buenos Aires es la más favorecida con el giro de fondos públicos nacionales para la construcción de viviendas. El distrito gobernado por María Eugenia Vidal, la carta que más le rinde al Gobierno en términos electorales, tiene unas 12.130 construcciones en marcha a esta altura del año. Con esa cifra se lleva casi un 15% del total.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la administración de Mauricio Macri sostuvieron que la afluencia de fondos para Buenos Aires se justifica por su situación económica y habitacional. El Gobierno difundió ayer información que abona ese argumento.

Según el análisis de la cartera de Frigerio sobre la base del censo poblacional de 2010, el distrito de Vidal tiene un déficit de 532.203 viviendas, de manera que las obras en marcha cubren un 2,3% de ese faltante.

La segunda entre las mayores favorecidas es Entre Ríos. El distrito está en manos de Gustavo Bordet, un peronista de buena relación con el Gobierno. Hasta mediados de junio pasado tenía en marcha 7607 unidades, mientras que el déficit habitacional allí es mucho menor (30.485 viviendas).

En parte, sus números se explican porque a la llegada de Cambiemos la provincia tenía una gran cantidad de viviendas no terminadas con pagos ya realizados. Venían de la gestión de Sergio Urribarri, un gobernador muy cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Algo similar ocurre con San Juan. De las 4991 viviendas en construcción, 4019 son herencia de gestiones anteriores. El distrito cuyano está gobernado hoy por Sergio Uñac, sucesor del kirchnerista José Luis Gioja.

En cuarto lugar está Mendoza, en manos del oficialista Alfredo Cornejo.

El Gobierno tiene previsto gastar este año al menos $ 15.241 millones en viviendas sociales (incluidos los fondos para el Procrear), de los cuales se usaron hasta ahora $ 8989 millones, que representan el 59% de los fondos. Este mes, por ejemplo, se desembolsarán $ 1500 millones.

En total, este año está previsto que se destinen $ 25.000 millones a la construcción de viviendas y la mejora del hábitat. Pero ambas partidas se usaron por encima de lo previsto. Por eso es probable que Frigerio reclame fondos que dejaron disponibles otras carteras (se denomina "subejecución" en la contabilidad del Estado) para volcar más recursos a la vivienda.

En medio de la aceleración del gasto en vivienda, Interior dispuso cambios en el funcionamiento del sistema para evitar irregularidades. Entre otras cosas, creó una base única de beneficiarios a nivel nacional para corroborar que nadie reciba una vivienda social si ya tiene una casa. Esa clase de precauciones parecen apropiadas si se tiene en cuenta que el último funcionario a cargo del área fue el ex secretario de Obras Públicas José López, preso tras intentar esconder casi US$ 10 millones en un convento. Sus sucesores encontraron irregularidades en el destino de los fondos previstos para la construcción de viviendas.

Esperan un crecimiento de la construcción

La encuesta cualitativa de la construcción que hizo el Indec entre grandes empresas del sector muestra expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período julio-septiembre. "Quienes prevén cambios en el nivel de actividad se inclinan preferentemente hacia la suba, se dediquen tanto a realizar principalmente obras privadas como públicas". El 36,4% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector aumentará en los próximos tres meses, mientras que 63,6% estimó que no cambiará. Los que estimaron una suba la atribuyeron fundamentalmente al reinicio de las obras públicas (27,1%) y a la disponibilidad de créditos para la compra de inmuebles (25%).