Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.- En lo que va del año los gobiernos provinciales emitieron deuda por US$ 9000 millones (6300 millones en dólares y el resto, en pesos). El registro presenta una leve aceleración respecto del año pasado. Los distritos lograron incluir en el último acuerdo de responsabilidad fiscal firmado con la Nación -que, como proyecto de ley, será girado al Congreso- un mecanismo para agilizar las autorizaciones que realiza la Casa Rosada cuando una jurisdicción hace una colocación de deuda.

El agregado, según indicó a LA NACION el ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, fue impulsado por su provincia, acompañada por otras, como Santa Fe. "Se fijará el lapso en el que debe responder la administración central, si no el trámite pasa de un ministerio a otro y se convierte en muy burocrático y largo", explicó Giordano. "Una vez que las provincias demuestren que cumplen con las exigencias, la Nación debe comunicar en un plazo determinado si autoriza la operatoria -agregó-. También correrá para la renovación de deudas; si no, se pierde tiempo importante mientras los planes están listos para salir a los mercados".

El acuerdo de responsabilidad fiscal determina que los servicios de deuda no pueden ser superiores al 15% de los recursos corrientes en distritos deficitarios, además de indicar pautas sobre el comportamiento del gasto y la designación de personal. La actual ley de responsabilidad fiscal es "letra muerta", ya que fue flexibilizándose al punto de que nada de lo que requiere hoy se cumple.

Amílcar Collante, titular del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), señaló que desde 2016 las provincias fueron incrementando sus emisiones, sumándose a la tendencia de la Nación: "En el corriente año hubo una aceleración en los primeros meses y después una impasse fruto de las PASO, en la que incluso las empresas prefirieron esperar. Entendemos que antes del cierre habrá nuevas salidas al mercado buscando una tasa menor".

Entre los distritos que tienen colocaciones en gateras se cuentan Río Negro, por US$ 580 millones, y Santa Cruz, por US$ 250 millones. Por la situación económica de la segunda, el endeudamiento externo podría suspenderse. La lógica indica que para las nuevas emisiones los distritos esperarán la salida de la Nación para tener una tasa de referencia.

Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), apuntó que -al igual que el gobierno central- las provincias intentan financiar un ajuste fiscal gradual con endeudamiento. "De esa manera no tienen que recortar tanto el gasto y dilatan los tiempos. No lo pueden hacer a través de impuestos porque no hay márgenes para subir la presión tributaria".

Collante insistió en que la etapa del financiamiento con deuda se irá "achicando" hacia el mediano plazo porque "no es sostenible". Si el proyecto de responsabilidad fiscal consensuado se aprueba, la norma establece que "el gasto se vaya graduando, que se mantenga en términos reales".

Planteó que, con una administración central que "se maneja menos discrecionalmente" con la transferencia de fondos y con "reglas fiscales más claras", el esfuerzo debe venir por el lado del gasto. "La deuda hay que acotarla para que no sea insostenible y para no quitar aire a los privados; aunque esperamos que todavía usen el margen que tienen y aprovechar el buen recibimiento en el mercado del resultado en las PASO", agregó.

Los gobernadores adelantaron que si la Corte Suprema de Justicia falla a favor del reclamo de la provincia de Buenos Aires por el techo del Fondo del Conurbano, y se les recortan recursos a las provincias, el compromiso asumido en el acuerdo de responsabilidad fiscal es "incumplible".