El resultado preliminar de esta nueva ronda de negociaciones corrige los murmullos de ciertos corredores diplomáticos, en los que se veía factible una demora en llegar a un acuerdo. Desde los headquarters de la Unión Europea suena fuerte y claro que las negociaciones están encaminadas y sin grandes obstáculos por delante. Y pese a que algunos especulaban con la rúbrica de una mera expresión de buena voluntad entre las partes, en diciembre se anunciará la finalización de las deliberaciones en todos sus aspectos de substancia, dejando lugar solo a la revisión legal del acuerdo para su posterior firma.

La revisión legal a la que se alude consiste en advertir cualquier inconsistencia jurídica que puedan existir en la docena de capítulos de materia comercial que contendrá el acuerdo, pero sin alterar su contenido y sustancia. Tras esta etapa, que puede demorar varios meses, los textos serán enviados a los estados miembros y a sus parlamentos, para su tratamiento. Y si bien todo ello consumirá meses, reduce significativamente los tiempos que calculaban los actores económicos y muchos gremios que, de un lado y del otro del océano Atlántico, ya están en señal de alerta.

Esta semana, en Bruselas, los negociadores hicieron un alto en las rondas para recibir a los representantes de los sindicatos. El encuentro no fue casual: la clase política europea sabe que enfrentará la protesta del sector agrícola, que resultará perjudicado por la generosa oferta que hará a la producción sudamericana, y quiere cuanto antes pasar el trago amargo y seguir adelante.

De igual modo, de este lado existe preocupación en los sectores industriales y las pymes. El informe que recientemente elevó al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ataja varias inquietudes al respecto.

Según la respuesta oficial dada a la oposición, la Cancillería busca "atenuar los efectos adversos que podría llegar a implicar el acuerdo" con "esquemas de financiamiento que permitan adaptar a las empresas a la globalización" y "adecuar a las pymes manufactureras a los efectos de la liberalización comercial". También prometen desarrollar "programas que permitan a las empresas nacionales expandir, diversificar y profundizar los lazos económicos y comerciales".

En la otra mano, el Gobierno augura un futuro promisorio para los alimentos procesados, artículos de molienda, vinos, productos de la pesca, algunos quesos, helados y derivados lácteos, tabaco, preparaciones en base a carnes, y asegura que existe un "potencial competitivo latente" para la maquinaria agrícola y el sector automotor, la industria química y la metalmecánica, entre otras.

Más allá de lo económico, el texto en debate supone un acuerdo marco de cooperación y diálogo político, un fuerte signo de hacia dónde quiere ir el Gobierno en el plano internacional: más cerca de Europa, más lejos de Trump.