Para el día después de las elecciones del 22 de octubre, el Gobierno alimenta un objetivo más modesto, aunque no por ello menos clave: un amplio blanqueo laboral que favorezca la registración de un universo importante de trabajadores que hoy cumple tareas en la informalidad. La apuesta oficial, por ahora en un formato de borrador, pero que ya forma parte de la agenda de negociación con la CGT, comprendería un mecanismo de condonación de deudas y multas por falta de aportes a la seguridad social para aquellas compañías que blanqueen a su personal no registrado.

En ese esquema, y siempre en el marco de un acuerdo tripartito, el Estado ofrecería reconocer a los trabajadores involucrados un período de aportes fuentes al tanto de las conversaciones mencionaron un plazo máximo en torno a los 3 años, en tanto que los gremios resignarían parte de las contribuciones obligatorias adeudadas a las obras sociales sindicales. "Es algo todavía bastante prematuro, pero se van logrando algunos consensos y somos concientes de que para que funcione todos tendremos que ceder en algo", apuntó uno de los referentes de la CGT que participó ayer del encuentro con Triaca.

Si bien aún resta resolver los tiempos en que se sumará a la representación empresaria a la discusión y el formato definitivo de la iniciativa (muy probablemente sea un proyecto de ley), la intención del plan de blanqueo es que sea un esquema amplio, que posibilite la adhesión de empresas de diverso tamaño y de diferentes actividades. "Por supuesto que habrá más énfasis en las pymes y los sectores económicos más sensibles, pero el objetivo es que no haya ninguna discriminación", explicó otro sindicalista.

Durante el encuentro, del que participaron los miembros del triunvirato cegetista, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y los dirigentes Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, y Francisco Gutiérrez, Triaca también insistió con el proyecto para instrumentar un programa de formación profesional, una especie de pasantías, para favorecer el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Sobre ese punto, el reclamo sindical es que esa modalidad laboral se incorpore a los respectivos convenios colectivos de actividad de manera de evitar, según dijeron, "cualquier manoseo y prácticas de precarización".

Los otros dos temas de la conversación se concentraron en el debate por la puesta en marcha de la denominada Agencia de Evaluación y Tecnologia médica, reclamada desde hace tiempo por las obras sociales sindicales, y la conformación de una comisión de monitoreo permanente destinada a acelerar los plazos para la normalización de los gremios intervenidos, como el caso del Somu y o sindicato de Seguridad Privada.