La tijera oficial abarca rubros muy diversos, desde los pasajes de avión que utilizan los timoneles de cada cartera, sus equipos técnicos y sus secretarios hasta la realización de encuestas de opinión pública (las más conocidas tienen que ver con la imagen de los funcionarios, aunque también hay sondeos frecuentes para evaluar la marcha de ciertas políticas públicas), la compra de resmas de hojas o el alquiler de baños químicos. Así los confirmaron a LA NACION dos funcionarios de rango ministerial.

Una vez más, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, una especie de gerente de Recursos Humanos de la administración pública, es el encargado de implementar medidas que conduzcan a achicar las erogaciones públicas.

Uno de los servicios que fueron atacados con mayor dureza es la telefonía celular, una prestación que los fondos del Tesoro cubrían hasta ahora con extrema generosidad. Hasta la semana pasada, según corroboraron fuentes oficiales, Modernización había dado de baja 21.436 líneas que mostraban gastos injustificados, habían sido asignadas a familiares de funcionarios, estaban a nombre de personas fallecidas o habían quedado en desuso. Ese recorte, según fuentes oficiales, implicará un ahorro de $ 8,33 millones por mes y $ 41,66 millones este año. En el mismo movimiento ratificó 50.658 líneas activas e identificadas con nombre, apellido y organismo al que pertenecen.

Por orden de la Casa Rosada, Modernización continuará revisando la lista de beneficiarios telefónicos. Semanas atrás comenzó a empadronar el resto de las líneas dispersas en organismos descentralizados.

La enjundia con la que Macri ordenó avanzar con el recorte de la telefonía celular se debe a la situación del servicio cuando llegó al gobierno. A fines de 2015, debido al consumo de líneas móviles y fijas dentro del Estado, había una deuda de más de $ 400 millones contraída entre 2013 y 2015. Fuentes al tanto de la situación sostienen que existían al menos 200 líneas de celulares contratadas en la Anses, el PAMI, AySA y el Ministerio de Desarrollo Social, con consumos que superaban los $ 100.000 por mes. Sólo en el área de los ferrocarriles del ex Ministerio del Interior y Transporte se detectaron 4000 líneas, de las cuales 1400 correspondían a personas fallecidas.

Quizá por el pasado empresario de algunos de los que hoy gestionan el Estado, el Gobierno acordó con las telefónicas un precio 41% más bajo que el que ofrecen al mercado corporativo, según sostienen fuentes oficiales. En total, el Gobierno espera recortar este año $ 75 millones en la factura de los celulares.

La rebaja de las telefónicas se hizo a través de un acuerdo marco, palabra clave que denota el plan de ajuste en un bien o servicio que compra el Estado. En los últimos días el Gobierno lanzó la licitación para hacer lo mismo con los pasajes de avión, uno de los bienes más preciados a los que da acceso la política. En concreto, Modernización busca cerrar la "contratación del servicio de transporte aéreo no regular interno e internacional para viajes protocolares e institucionales". Quiere cerrar así la compra de viajes en jets medianos (con capacidad para hasta ocho pasajeros), supermedianos (hasta 12 pasajeros), pesados (hasta 16 pasajeros), gran porte ejecutivo (hasta 40 pasajeros) y gran porte de alta densidad (hasta 65 pasajeros).

El Gobierno espera que ese mecanismo promueva la competencia entre empresas y le permita al Estado obtener precios más bajos. Algunos funcionarios quieren ir más lejos y asignar una cantidad determinada de horas de avión por ministerio. Una vez que agote su tiempo disponible en el aire, cada cartera debería conseguir nuevas autorizaciones.

El ajuste de Macri también llegó a las encuestas. El 25 de julio pasado se publicó una resolución en el Boletín Oficial que pone en marcha un convenio para que todas las dependencias del Gobierno contraten servicios con los mismos precios, algo que le restó discrecionalidad a la contratación de esos servicios.

La norma estableció una nómina de consultoras "contratables", que cotizaron para distinta clase de encuestas. Según el documento que vio LA NACION, por ejemplo, Isonomía Consultores cotizó en $ 97.405 una encuesta tipo CATI con una duración de 15 minutos sobre 400 casos, y en $ 935.723 el mismo servicio, pero sobre 4200 casos. También hay precios de referencia de Ipsos, Aurelio, Poliarquía, Demos, Agora y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, entre otros.

También se hicieron recortes en la custodia de funcionarios, y acuerdos marco para computadoras y útiles de oficina, entre otros. "Eso les da a los ministerios una gran gama de productos en los que no tienen que perder tiempo buscando precios. Antes había una enorme asimetría de precios entre una y otra cartera", explicó Ibarra a LA NACION. "La función central de un ministerio no es comprar bienes o servicios; con este sistema lo pueden hacer de manera más rápida y eficiente", completó.

Cambios para gastar menos

Pasajes aéros

Modernización quiere cerrar un acuerdo marco para contratar el transporte aéreo interno e internacional para viajes protocolares e institucionales. Es uno de los servicios más preciados de la política.

La intención es fijar un precio máximo de referencia para distintos servicios aéreos y así eliminar la discrecionalidad que puede tener la compra por ministerios.

Algunos funcionarios cercanos a Macri quieren establecer un límite de horas de vuelo por año para cada ministerio.

Telefonía celular

Uno de los mayores ajustes en la caja chica de los ministerios y otras dependencias del Estado pasó por la telefonía celular, un área en la que la administración actual se encontró con una deuda de $ 400 millones (sumada la telefonía fija).

Se le dieron de baja a 21.436 líneas que mostraban gastos injustificados y se ratificaron más de 50.000.

Modernización comenzó a hacer un padrón de líneas de telefonía celular para establecer con claridad el gasto de cada una de ellas.

Consultoría

Mediante una resolución que se publicó en julio pasado en el Boletín Oficial, se puso una referencia de precios a la contratación de estudios de opinión pública.

Se trata de un servicio que se usa para medir la imagen de los funcionarios, pero también para evaluar la marcha de ciertas políticas públicas.

La medida también intenta combatir la discrecionalidad en la contratación de esa clase de servicios. Se establecieron acuerdos marco con varias consultoras.