Por Rubén Rabanal -
A pesar de la insistencia con la que Mauricio Macri y Marcos Peña alertan a la
tropa de Cambiemos sobre los riesgos que aún deben enfrentar antes de las
elecciones de octubre, una estrategia básica de toda pelea electoral, todos los
números que llegan por estos días a la Casa Rosada llevan tranquilidad al oficialismo.
Esa realidad sigue alimentando la previa de un debate central de la economía
argentina que el macrismo quizás demoró demasiado pero que ahora comenzará en
todos los frentes. "O negociamos todo junto o no se votará nada",
confiaba un jefe de Cambiemos anoche a este diario. El Gobierno ya tiene
presentado el Presupuesto Nacional 2018 en Diputados y el acuerdo fiscal con
las provincias en el Senado. Deben sumarse a ese paquete la reforma tributaria
y la prórroga del impuesto al cheque, mas toda la negociación con los
gobernadores por los tramos del ajuste en impuestos que impactarán en sus
territorios, es decir, los imprescindibles cambios que el Gobierno pretende en
Ingresos Brutos. Hay una buena noticia para la institucionalidad del país que
parece comenzar a confirmarse: Macri estaría decidido a no prorrogar la
vigencia de la Ley de Emergencia Pública, la misma que hizo votar Eduardo
Duhalde el 6 de enero de 2002 para salir de la convertibilidad. Néstor y
Cristina de Kirchner gozaron de esos superpoderes que, por extensión temporal,
fueron mucho mas allá de los límites de la constitucionalidad, ya que nunca
quisieron derogarlos.
La tarea del Congreso será grande y la decisión de enfrentarla ahora parte de
una realidad: el Gobierno sabe que con el actual esquema impositivo hay poco
que ofrecerle a las empresas desde el Estado para mejorar la productividad, sin
mencionar la evolución que pueda tener el tipo de cambio. Nicolás Dujovne
trabajó el tema en dos planos: los impuestos nacionales y el esfuerzo que
deberán hacer las provincias para bajar la incidencia de Ingresos Brutos en la
producción, una enfermedad endémica hartamente conocida por los argentinos
sobre todo para las exportaciones. El problema es que esos impuestos financian
la ineficacia de un Estado rígido y hasta ahora inmodificable.
Tampoco es viable a
mediano plazo la estructura fiscal del país si se mantiene la relación entre
deuda y gasto en las provincias y el reparto financiero con la Nación tal como
se lo conoce hoy. El déficit de 4,2 puntos del PBI es un límite por ahora
difícil de pasar en la actual situación y no parece que el macrismo esté
dispuesto a apurar por ahora un recorte drástico en los gastos del Estado, como
sí había prometido en la campaña de 2015. Todo ese esquema de pensamiento
necesitará de una negociación que, reconocen en Cambiemos, no podrá hacerse en
tramos separados, sino todo junto y sentando a la mesa a gobernadores y
peronismo. El lapso para hacerlo es corto: no podrá ser antes de las elecciones
por razones politicamente obvias y por lo tanto deberá hacerse entre el 23 de
octubre y el 9 de diciembre. De ahí en mas el nuevo Congreso estará en
funciones y el Gobierno deberá lograr que le aprueben todo ese paquete
económico que será la base fiscal y financiera del Gobierno de Macri hasta
2019. Nada menos.
La reunión de Gabinete de ayer abundó en esas intenciones. Rogelio Frigerio
confirmó que en un par de semanas se presentará la reforma tributaria al
Congreso y Federico Pinedo le anunció a los dos recintos que dificilmente
tendrán vacaciones en el verano que se viene.
En el fondo el debate por la relación fiscal entre Nación y provincias, el
nivel de gasto y endeudamiento y la presión de los impuestos sobre los
bolsillos de los ciudadanos y la producción argentina es una tema demorado por
décadas. Macri sabe que nada podrá cambiar hacia 2019, aunque comience a
hacerlo con un gradualismo extremo como se anunció para la baja de presión
tributaria, si no lanza este debate.
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