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Por Francisco
Olivera - WASHINGTON.- La administración de Donald Trump volvió ayer a dejar
claro qué necesita de la Argentina parta volver a incluirla en el sistema
generalizado de preferencias arancelarias, estatus que el país perdió en 2012 y
le permitiría bajar costos para exportar a Estados Unidos: que avancen los
proyectos para defender la propiedad intelectual, una cuestión controvertida
para sectores de la producción nacional.
Esa precondición
fue el eje de una audiencia en la Oficina del Representante de Comercio de los
Estados Unidos (USTR, en sus siglas en inglés), donde expusieron empresarios y
funcionarios de ambos países y se oyó un argumento que deja entrever las
razones de las reticencias del equipo de Trump: desde el lado exportador, los
ejecutivos valoraron los avances hechos por la Casa Rosada al respecto, pero
sostienen que existen todavía muchos "desafíos" sobre el resguardo de
la propiedad intelectual en la Argentina.
Las preguntas que
recibió del auditorio Miriam Chaves, directora de Integración Económica para las
Américas de la cancillería argentina, fueron elocuentes.
De siete
inquietudes que escuchó, cuatro fueron directamente sobre ese controvertido
tema. Ya Virginia Ávila, representante del gobierno de Tucumán, había planteado
que esa provincia no se conformaría sólo con exportar limones hacia aquí:
gracias a que la Argentina fue excluida del sistema, la frutilla de esa
provincia nunca logró entrar en el mercado norteamericano.
Con mayor o menor
vehemencia, las posturas fueron coincidentes en el sector privado. Andrés
Alarcón, directivo de Arcor, se quejó del sobrecosto que supone para la filial
de esa compañía no poder importar desde la Argentina y coincidió en el reclamo
con su par norteamericano Shawn Whitman, directivo de la fabricante de
herbicidas FMC Corporation, que planteó que la restricción le había generado
pérdidas de competitividad frente a firmas rusas y chinas y que la obligaron a
cerrar operaciones en una ciudad.
Para las empresas
argentinas es un horizonte atractivo. La vuelta al programa de preferencias
ocasionaría, de inmediato, una baja del 4,3% promedio del costo para exportar.
Y ése fue el eje sobre el que giró la exposición de Alejandro Díaz, director
ejecutivo de Amcham Argentina, la cámara de comercio de Estados Unidos en
Buenos Aires.
Díaz les recordó a
los presentes que el comercio bilateral entre ambas naciones había permitido
crear 88.000 puestos de trabajo en territorio estadounidense y fue elogioso del
gobierno de Macri. Pero dejó la reunión permitiendo entrever que la
administración Trump se tomará tiempo para analizarlo: aunque coincidió con la
Cancillería en que hubo avances en los proyectos para defender los derechos de
propiedad intelectual de los fabricantes, dijo que quedaba "un largo
desafío" para terminar de remover las trabas definitivas.
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