La idea, que estará contenida en uno de los 12 proyectos de ley cuyos borradores fueron expuestos hoy a los legisladores, implica “la modificación al Régimen de Contrato de Trabajo”, reconocen los autores de la iniciativa en un comunicado. 

El “Seguro de Desempleo y Retiro” permitirá que “todos los trabajadores registrados puedan recibir, en compensación por su tarea realizada, una suma igual a un mes de remuneración por cada año trabajado, pero resignando el derecho a exigir otra indemnización a la empresa por el solo objeto del tiempo transcurrido en ella y la labor realizada", agrega el texto.

Según Daniel Rosato, coordinador de los industriales autoconvocados, la idea es que se cree un fondo que afecte un 7,5% de la masa salarial, financiado con aportes de “los trabajadores, las empresas, el Estado y las ART”.

Rosato dijo a Cronista.com que aún no ha sido definida la proporción de porcentajes que aportará cada actor pero advirtió que la idea es que “el trabajador aporte un porcentaje pequeño, el menor de todos los que deberán aportar”.

“Nuestra propuesta, que se encuentra en elaboración, plantea que el fondo sea administrado por Anses y sea utilizado para cuando un trabajador es despedido, cuando la empresa cierra o quiebra. En este caso la propuesta es que obtenga lo mismo que la indemnización de ley. También prevemos que lo pueda usar cuando el empleado decide retirarse, de tal forma que, a la usanza de un ahorro forzoso, pueda contar con recursos luego de abandonar el trabajo. Creemos, además, que si no se dan ninguna de estas circunstancias, el trabajador pueda, al momento de jubilarse, disponer de esos fondos para obtener un suplemento adicional a lo que cobre por su jubilación”, amplió el dirigente.

Rosato explicó que la iniciativa del Seguro fue vista con buenos ojos por los legisladores a los que se les presentó, a quienes pretenden volver a entrevistar dentro de 30 días, en el marco de la constitución de mesas de trabajo donde se abordarán todas las iniciativas proyectadas.

“Nuestra propuesta es integral, partimos de la base de que se trata de proyectos interconectados”, aseguró el también vicepresidente 1° de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba). Admitió, sin embargo, que están verdes los contactos en relación al punto dentro del Gobierno. “El año pasado lo presentamos en el Ministerio de Trabajo y no tuvo eco”, señaló.

La movida de hoy en el Congreso juntó a 500 industriales pymes, donde la declamada modalidad “autoconvocada” buscó despegar la iniciativa de cualquier filiación política partidaria, aunque la puerta de entrada fue la participación de los empresarios de una reunión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el diputado José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador.

Con un informe de 18 páginas, señalaron la caída del consumo interno; el menor ingreso de los sectores asalariados; la apreciación del tipo de cambio; el aumento de las tarifas de servicios públicos; el incremento de los precios internos de los productos; la caída de las exportaciones; y la suba de las importaciones; como causales de los conflictos en la industria sectorial.

Propusieron también la suspensión por 365 días de embargos y ejecuciones fiscales; la limitación del valor indemnizatorio; ‘estimular la compra de productos nacionales‘; ‘fortalecer los mecanismos de defensa comercial‘; ‘estimular las exportaciones‘; ‘aliviar parcialmente la carga fiscal de las PYME hasta 80 trabajadores‘; y ‘recuperar días laborables para la producción".

"Esta no es una propuesta política. Nosotros no vamos contra nadie sino a favor de todos los industriales del país", dijo Rosato.

También buscarán que se reformen los artículos 9 y 10 de la Ley 24.013 para considerar la irrefutabilidad del ‘Alta temprana‘ como fecha efectiva de ingreso del trabajador y derogación de las multas.

"Se ha vuelto una práctica común y lucrativa por parte de algunos profesionales del derecho laboral el inducir a trabajadores ingresantes a un nuevo puesto de trabajo a realizar demandas fundamentando que, durante un lapso extendido de tiempo el trabajador había permanecido en situación irregular, con el objetivo de cobrar cuantiosas sumas indemnizatorias", denunciaron.

Otros proyectos buscarán derogar el artículo 45 de la Ley 25.345 que “prevé gravosas penalidades económicas para los empleadores por demoras en la entrega de los certificados de trabajo; y modificar la Ley 20.744 que establece aumento del 50% del valor indemnizatorio para el empleador cuando el empleado inicie acciones legales”.

El comunicado de los autoconvocados pymes no cayó bien entre los abogados laboralistas. Según Matías Cremonte, presidente de la Asociación que los agrupa, es “contradictorio que hagan una presentación donde reclaman distintas medidas para crecer, que deberían redundar en la creación de empleo, y en ella se propongan abaratar el despido”.

“El objetivo de un Estado debe ser el pleno empleo con salarios dignos”, advirtió Cremonte, a la vez que señaló que el espíritu de la legislación en la materia es “asegurarle estabilidad en el empleo a los trabajadores”; por eso “según la Ley de Contrato de Trabajo el despido es un acto ilícito, no en el sentido de que el que despide tenga que ir preso sino que se estipula una pena, porque se presume que el contrato laboral es de duración indeterminada”.