Así lo detallaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, que están verificando la información aportada por el Departamento de Justicia norteamericano.

La investigación está a cargo del fiscal en lo Penal Económico Nº 9, Claudio Navas Rial, quien tiene delegada la instrucción de la causa por las cuentas de argentinos en Suiza. El fiscal pidió a Estados Unidos la información, que llegó en un disco rígido con datos aportados por diferentes bancos al gobierno norteamericano. Algunos abogados defensores intentaron impugnar, sin suerte, esta pesquisa.

Las fuentes aclararon que se trata de la información referida a las 4000 cuentas bancarias radicadas en el banco HSBC de Suiza que habían sido denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la gestión de Ricardo Echegaray , al frente del organismo en el gobierno de Cristina Kirchner .

Por la complejidad y la cantidad de material, el fiscal pidió ayuda a un cuerpo de peritos que se encargará de clasificar la información, que servirá para confirmar o no los procesamientos dictados por la jueza que está a cargo de la causa, María Verónica Straccia.

La magistrada había dictado 84 procesamientos a fines de julio pasado, aunque luego algunos contribuyentes lograron que se les revirtiera esa medida por presentar documentación que acreditó que el período investigado estaba prescripto.

Navas Rial apeló los procesamientos ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, al considerar que la mayoría de los acusados deben ser tipificados con el delito de "evasión agravada".

Con la información aportada por Estados Unidos, el fiscal cree que se podrá lograr ese cambio en la situación de varios de los procesados, porque se les podría reclamar una cantidad de impuestos mayor que la determinada previamente.

Cooperación bilateral

Pero la cooperación con Estados Unidos no sólo avanza en el plano judicial, sino también entre ambos gobiernos, ya que la AFIP espera que en las próximas semanas comience a regir el ansiado tratado de intercambio de información tributaria a nivel bilateral.

Luego de que se cumplieran algunos pasos formales -al traducirse al inglés el acuerdo firmado el año pasado por el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay y el gobierno norteamericano- el intercambio comenzará a implementarse en las próximas semanas.

En principio, será a requerimiento, hasta que el Internal Revenue Service (IRS, el organismo fiscal de Estados Unidos) determine si las medidas de seguridad son suficientes como para realizarlo de manera automática.

En este sentido, la filtración de datos del último blanqueo de capitales a través del diario Página 12 no generó preocupación en el gobierno estadounidense, que considera que su par argentino tomó las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios de este tipo.

La AFIP inició un proceso de auditoría interna y, a la vez, contrató a la consultora global Deloitte para hacer otra externa. La sospecha de los funcionarios que rodean a Alberto Abad es que la filtración fue ejecutada por directivos de la institución provenientes de la gestión kirchnerista.

Varios de los contribuyentes denunciados en esta causa que lleva adelante Straccia se acogieron al mencionado blanqueo de capitales.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 8000 casos de contribuyentes que ingresaron al blanqueo, para ver si, más allá de la evasión, cometieron algún delito más grave vinculado al lavado de dinero.

Se trata de información aportada por los bancos a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) desarrollados durante el régimen de sinceramiento que terminó a fines de marzo pasado con el blanqueo de US$ 116.800 millones.

La UIF, que conduce Mariano Federici, confrontó estos casos con sus propias bases de datos e intenta determinar si hay elementos para formular denuncias penales.

Esta entidad cuenta no sólo con la información de diversos países que solicitó a requerimiento, sino también con datos aportados en forma espontánea por otros gobiernos, varios latinoamericanos y el de Estados Unidos, a partir de la buena relación lograda en el último año y medio por parte de la administración macrista.

En este sentido, uno de los casos que ya llegó a los tribunales fue el del fundador de la feria La Salada, José Castillo. Entre otros delitos, está acusado de lavado de dinero y, tal como él mismo lo admitió, entró al blanqueo.