La Argentina está dentro del grupo en los que la estructura del gasto es relativamente inflexible; en el extremo están Brasil, luego Costa Rica y Colombia. La estructura es poco flexible y al momento de hacer ajustes, se complica la tarea, es más difícil, resumió a El Cronista el analista de Moodys Mauro Leoz.

El análisis divide al gasto total en cuatro grandes rubros: operativos (divido a su vez en salarios y otros gastos), transferencias (jubilaciones y subsidios, pero también transferencias a provincias), de capital (dividido en inversión y otros gastos de capital) e intereses. El índice mide qué proporción del gasto es flexible y qué proporción es rígida y lo compara con la región. El reporte considera, por ejemplo, que el pago de intereses tiene posibilidad nula de ajuste desde la perspectiva del crédito, mientras que los gastos de capital son los que el Gobierno puede recortar con más facilidad; en el medio aunque más cerca de la inflexibilidad están los gastos operativos y las transferencias. Los gastos flexibles, apunta Moodys, facilitan la solidez fiscal, mientras que la inflexibilidad resulta una traba para las reformas.

Con un 85% del gasto rígido, la Argentina tiene 53 puntos en el índice de flexibilidad, por encima de Colombia (50), Costa Rica (43) y Brasil (que con 93% del gasto rígido tiene sólo 24 puntos en el índice). En el otro extremo, el gasto mandatorio es apenas 49% en Ecuador (176 puntos en el índice) y 53% en Perú (161 puntos). El índice de flexibilidad del gasto argentino es menos de la mitad de la media de la región.

En cuanto a la composición del gasto, la Argentina es uno de los países en los que los gastos operativos (sueldos y otros) es más bajo: representan sólo 21% del total, la mitad del promedio de la región. Como contracara, las transferencias representan 62%, el mayor nivel de Latinoamérica y más del doble que el promedio regional (26%). Los gastos de capital están entre los más bajos (10% del total), y el otro 7% son intereses (contra una media de 9%, con el extremo de Brasil, en donde representan el 25% del gasto).

El reporte de Moodys también analiza la evolución del gasto en los últimos siete años. Y señala: El crecimiento en las transferencias en la Argentina es el mayor incremento en un tipo de gasto determinado en los últimos siete años en América Latina: de un 12,6% del PIB en 2010, pasaron a representar el 17,1% el año pasado. Y aunque destaca que el Gobierno avanzó en la reducción de subsidios, también señala que preservó y expandió las jubilaciones, en una decisión que limitará la flexibilidad del gasto en los próximos años.

Sin embargo, esta inflexibilidad estructural del gasto que complica la consolidación fiscal no está, al menos de momento, vinculado a la calificación de riesgo de la Argentina. La estructura del gasto está implícitamente incorporada en la calificación. Las razones por las que la calificación de la Argentina es baja tienen que ver con temas básicos que se están empezando a atender: continuidad de políticas, marco institucional, ordenamiento de la macroeconomía, inflación, crecimiento y confianza, apuntó Leoz. A pesar de este elemento estructural presente en el gasto, tenemos una perspectiva positiva, remarcó.

Crecimiento récord

En toda la región, entre 2010 y 2016 el gasto total del Gobierno se redujo en sólo tres países (Guatemala, Panamá y El Salvador), mientras que subió en los otros trece analizados. El récord en el incremento del gasto con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es para la Argentina, que aumentó sus gastos en más de cinco puntos del PBI, seguido por Paraguay ( 4%).

Grados de flexibilidad

En su diálogo con El Cronista, Leoz destacó lo “raro”, al menos dentro de la muestra de 16 países que analiza el índice, de “un nivel tan elevado de subsidios como el que tenía la Argentina”.

El analista señaló también que es un área en la que el gobierno de Mauricio Macri “se ha abocado a hacer avances y lo ha logrado”. Apuntó en ese sentido que “dentro de lo rígidas que son las transferencias, el componente menos rígido son los subsidios, que requiere la voluntad y capacidad política para ajustarlos”, a diferencia de las jubilaciones y pensiones, o de las transferencias a provincia, definidas –al menos mayoritariamente- por ley. “Aunque no es fácil eliminar subsidios, no es equiparable a los pagos de pensiones por el compromiso legal”, explicó.

En cuanto al impacto del año electoral, Leoz afirmó que “es un elemento importante para lo que viene en política económica”. Y, con respecto a la calificación de riesgo soberano, añadió: “Más que preocuparnos por lo que se ha hecho o no, (lo que hacemos) es darle un seguimiento a lo que se vaya a dar después de las elecciones”.