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Por Pablo Fernández Blanco - Un día después de las elecciones, el Gobierno comenzó
a cumplir con sus promesas de campaña, aunque no traigan buenas noticias para
los bolsillos de los consumidores. Con el triunfo en las urnas todavía fresco,
el Enargas, el ente que regula al sector gasífero, puso en marcha los mecanismos que conducirán
a un nuevo aumento de tarifas , que podría aplicarse en
diciembre o, a más tardar, en el primer mes del año próximo. Esa suba estaba
prevista y ya había sido anunciada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Ayer, el ente regulador convocó a audiencias públicas el 13 y el 14 del mes
próximo para discutir los aumentos.
En el primer caso, el llamado involucra a Gasnor, Gas del Centro y Gas
Cuyana, y se realizará en el Complejo Ferial Córdoba. La segunda audiencia, en
el hotel Land deBahía Blanca ,
abarcará a Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, e incluye la adecuación
tarifaria transitoria correspondiente a Transportadora de Gas del Sur.
Los nuevos aumentos inaugurarán una nueva era en la administración de
los servicios públicos, al menos desde el punto de vista de las empresas
prestatarias. Por primera vez en más de 15 años, recibirán un ajuste por
inflación para que el encarecimiento de los precios internos no afecte su
ecuación económica. Con esa bendición, Aranguren espera que las compañías
privadas eviten poner excusas al momento de mejorar y ampliar el servicio.
La revisión tarifaria integral (RTI), que se hizo a fines del año
pasado, dispuso que los ingresos de las empresas se ajusten sobre la base del
índice de precios internos al por mayor (IPIM). El dato de octubre recién se
conocerá en la primera semana del mes próximo, pero sumaba hasta septiembre
pasado un incremento del 14,78%, que debería trasladarse por completo a la
factura (su impacto en la boleta, en términos porcentuales, sería mucho menor).
A eso se sumaría el segundo escalón de los aumentos prometidos por
Energía en materia de transporte y distribución de gas. Para no ocasionar una
nueva indigestión tarifaria, el Enargas les dio a las distribuidoras en enero
una suba del 30%, en noviembre otra del 40% y habrá otra del 30% adicional a
partir de abril del año próximo.
Habrá más componentes que engrosarán la factura. Por ejemplo, el precio
del gas en boca de pozo, que ahora ronda los US$ 3,77 por millón de BTU, pasará
a US$ 4,19 para un cliente promedio. El aumento se destinará a reducir los
subsidios que el Estado destina a las petroleras, últimas beneficiarias de la
suba. Ese ajuste debía aplicarse este mes, pero se postergó por las elecciones.
Aunque aún restan elementos para hacer el cálculo final, en el sector
privado estimaban ayer que un cliente promedio denominado R3-1, que se ubica a
mitad de camino entre los que menos y los que más consumen, tendrá un aumento
no inferior al 40%.
En paralelo a los ajustes del gas, el Gobierno pondrá en marcha ajustes
en las tarifas de electricidad, que siguen una lógica similar. Edenor y Edesur esperan
que en la última parte del año el ENRE, el organismo que regula el sector, les
otorgue una suba adicional superior al 10% por encima de los ajustes ya
anunciados para este año, para compensar los aumentos de costos que tuvieron en
la primera parte de 2017. En la práctica, el ajuste por inflación tendrá un
impacto en torno al 3% en la factura final del cliente. Ambas empresas tuvieron
aumentos de tarifas en enero de este año, pero les queda por aplicar un ajuste
del 19% (sumará 8% a la factura final), que debería aplicarse el mes próximo,
pero quedará para diciembre. Además, recibirán otro 18% en febrero de 2018,
siempre que la Casa Rosada no ordene alterar el cronograma anunciado.
Al igual que en el gas, es probable que la cartera de Aranguren disponga
un nuevo aumento del precio mayorista de la electricidad, que cobran las
compañías que generan energía. Se trata de un elemento clave para avanzar en la
reducción de subsidios y, por lo tanto, en el achicamiento del déficit fiscal,
al que volvió a hacer referencia ayer el presidente Mauricio Macri .
El mayor esfuerzo que comenzaron a hacer desde el año pasado los
consumidores para pagar más por los servicios de gas y de electricidad comenzó
a notarse en las cuentas públicas. Según un informe de la Asociación Argentina
de Presupuesto (ASAP), los subsidios del Estado a sectores económicos
alcanzaron en los primeros nueve meses del año los $ 181.486 millones, con una
baja interanual del 14,4%. Eso se debió principalmente a una fuerte reducción
en septiembre.
La entidad destacó la "baja muy significativa" de ese mes se
debió a la retracción de las transferencias destinadas al sector energético,
con un descenso del 51,6%. "Los subsidios al sector energético, que habían
crecido un 53% interanual en 2016, retrocedieron un 30,8% en los primeros nueve
meses del corriente año", subrayó ASAP.
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