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Por Martín
Kanenguiser - El gobierno bonaerense lanzó una ambiciosa reforma fiscal que
incluye cambios impositivos, una reducción del gasto político y una propuesta
para controlar las cuentas de los municipios. La iniciativa incluye un fuerte
aumento del impuesto inmobiliario urbano y rural, que será parcialmente
compensado fiscalmente con rebajas en los impuestos a los ingresos brutos y de
sellos. Además, el paquete tiene la intención de eliminar las jubilaciones de
privilegio para el gobernador, el vicegobernador y los legisladores
bonaerenses, y se exigirá que los diputados y senadores provinciales presenten
sus declaraciones juradas anuales.
También, se les
quitarán las exenciones impositivas a los partidos políticos, a las
organizaciones gremiales y a las cooperativas y mutuales financieras. Los
clubes de barrio seguirán exentos de impuestos.
Así lo explicaron
ayer el jefe de Gabinete de la gobernación, Federico Salvai, y el ministro de
Economía, Hernán Lacunza, en un encuentro con la prensa en el que detallaron el
paquete de leyes presentado ante la Legislatura provincial. El gobierno de
María Eugenia Vidal presentó tres proyectos en forma simultánea: el presupuesto
2018, la reforma tributaria y una ley de responsabilidad fiscal, en sintonía
con el gobierno nacional.
Con mayoría en la
Cámara de Diputados y cerca del quorum propio en el Senado una vez que haya
recambio legislativo el 10 de diciembre, el Ejecutivo bonaerense cree que tiene
suficiente margen como para sancionar estas reformas.
El impuesto
inmobiliario, según el proyecto, tendrá un aumento promedio del 56%. "Hace
12 años que no se toca este impuesto, mientras que el automotor aumenta en
forma anual. En promedio se paga 12 pesos el metro cuadrado urbano y 147 pesos
el metro cuadrado rural", indicó Lacunza. La actualización del
inmobiliario se hará en 16 tramos que irán del 40 al 75%; en el caso del
urbano, el promedio será del 56%, y en el rural, del 50%.
Los campos de hasta
50 hectáreas quedarán eximidos y también la segunda cuota de los que sufrieron
inundaciones, como este año.
Por este aumento,
el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 4000 millones adicionales, que
compensarían parte de la pérdida de la recaudación por la baja en Sellos e
Ingresos Brutos, cuyo costo fiscal será de unos $ 10.000 millones, indicó
Lacunza.
Para la industria,
la tasa de Ingresos Brutos pasará del 1,75 al 1,5%; las pymes que facturan
hasta $ 78 millones anuales quedarán exentas, y se eliminará la "extraña
jurisdicción", por la que se les cobra una tasa más cara a las empresas
que no son bonaerenses y operan en la provincia.
En el caso del
agro, habrá una exención para los emprendimientos que facturen hasta $ 3
millones; en la construcción, la tasa bajará del 4 al 3%; en los comercios que
facturen hasta $ 2 millones, bajará del 3,5 al 2,5%, y en las carnicerías
quedará en el 2,5%. El impuesto a los sellos bajará del 3,6 al 2% en la
registración de inmuebles.
En cuanto a la ley
de responsabilidad fiscal para los municipios, se fijarán una serie de reglas
para avanzar con su saneamiento, que ya empezó en 2016. Según Lacunza, mientras
el gobierno de Daniel Scioli dejó a la provincia con 110 municipios con rojo
fiscal, ahora sólo quedan 15. La intención es que, más allá de obtener
superávit, los municipios no aumenten el gasto más que la inflación ni el
empleo más que el crecimiento vegetativo de la población. Mientras que la
provincia el año pasado no aumentó su planta, los municipios siguieron
contratando gente. Además se impondrá la "regla de final de mandato",
por la cual los intendentes no podrán contraer gastos en los últimos seis meses
de su gestión que comprometan a su sucesor.
También se impondrá
un techo al endeudamiento. "Aquellos municipios que no adhieran no se
podrán endeudar ni recibirán ayuda provincial", indicó el ministro.
En forma paralela,
el gobierno provincial buscará aprobar el nuevo presupuesto, que plantea un
déficit del 0,68% del producto bruto geográfico, frente al 1% de 2016. El
superávit corriente será de $ 7600 millones, frente a $ 3000 millones de este
año y al déficit de 12.000 millones que dejó Scioli en 2015.
La presión
tributaria bajará del 5,8 al 5,5% del PBG. En cambio, la relación deuda-PBG
pasará del 5,8 en 2015 al 7% el año próximo. El coeficiente deuda/ingresos es
del 50%.
Sin embargo,
Lacunza destacó la fuerte reducción en el costo del endeudamiento provincial,
de tasas de dos dígitos hasta 2015 a un 5% en la última emisión que se realizó,
en euros, hace unos meses.
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