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Por José Luis
Brea - Finalmente se corrió el telón y el
Gobierno presentó los ejes de una de las reformas más esperadas por el ambiente
empresarial y económico: la tributaria. Lo que el ministro Nicolás Dujovne
anticipó ayer es un conjunto de propuestas con dos grandes objetivos: eliminar
distorsiones para ganar en equidad fiscal y fomentar la inversión mediante una
serie de medidas que apuntan a aliviar costos a las empresas. Será, a tono con
la consigna general de la administración Macri, un camino gradual con
resultados cuyo pleno impacto se debería ver al cabo de cinco años.
La idea oficial es
fomentar un círculo virtuoso que lleve a una mayor generación de empleo y al
crecimiento de la economía. Ayer, varios especialistas consultados por LA
NACION coincidían en destacar las propuestas que ayudarían a cumplir esos
objetivos. En ese combo entran la rebaja de Ganancias del 35% al 25% para las
empresas que reinviertan utilidades; la devolución acelerada del IVA para
inversiones de largo plazo; la implementación de un mínimo no imponible en los
salarios por el que no se pagarían cargas patronales, la posibilidad de que el
impuesto al cheque pueda ir pagándose progresivamente a cuenta de Ganancias y,
por supuesto, la promesa de avanzar en acuerdos con las provincias para reducir
Ingresos Brutos y Sellos.
Pero la evaluación
positiva en términos generales no podía ocultar que, así como están estas
certezas, todavía persisten algunas incógnitas. Las más importantes se dan en
torno de los impuestos a los ingresos brutos y a los créditos y débitos
bancarios, los dos más distorsivos del régimen actual. Para avanzar en cambios
en estos gravámenes, el Gobierno deberá negociar con las provincias cómo
compensar una caída en los ingresos por esa vía y ahí serán ellas las que
tengan la última palabra. Tan importantes son ambos impuestos que una
especialista tributaria analizaba anoche: "Si no se tocan, todo esto va a
ser declamativo".
El economista Nadin
Argañaraz va más allá y habla de crear un "espacio fiscal integrado":
para que cualquier reforma de este tipo tenga éxito, hay que saber qué van a
hacer la Nación, las provincias y los municipios. "Hay que ir a un pacto
federal a la par con una reforma tributaria provincial y de la
coparticipación", dice. A partir de ahora, el Gobierno tendrá que buscar
consensos para avanzar en ese sentido. Pero además de estas incógnitas también
afloran otras dudas, en particular con el aumento de los impuestos internos a
las bebidas alcohólicas (vino, cerveza, whisky, espumosos), gaseosas y otras
bebidas sin alcohol con azúcar añadida. Es cierto que la suba encuentra su
justificación en que se aplica a productos perjudiciales para la salud, pero
sus efectos podrían ser contradictorios respecto de los objetivos globales de
la reforma.
Humberto Bertazza,
presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires, advierte que podrían desincentivar el consumo, provocar un
achicamiento de esos mercados y, finalmente, terminar perjudicando la
inversión. También considera que el aumento de las alícuotas podría tener un
efecto inflacionario, con aumentos en el precios de los productos alcanzados.
Otro dato no menor, que vuelve a incorporar a las provincias en la escena:
algunas economías regionales se verían fuertemente perjudicadas, como en el
caso del vino o la producción de frutas para jugos. Ayer ya se quejaron el ex
gobernador de San Juan y la vicegobernadora de Mendoza.
Por su carga
simbólica, la extensión del impuesto a las ganancias a las rentas financieras
de personas físicas merece un párrafo aparte. Los especialistas dicen que su
peso fiscal no es relevante, pero admiten que "tenía que estar" por
cuestiones políticas. Es la fórmula con la que el Gobierno confía en liderar la
discusión del tema y, eventualmente, moderar otras propuestas más drásticas que
podría alentar la oposición cuando la reforma se discuta en el Congreso.
También se lo ve como un paso hacia la equidad fiscal.
Entre las
propuestas positivas, los especialistas también anotan la eliminación del
impuesto a la transferencia de inmuebles (y su reemplazo por un impuesto a la
ganancia de capital en la venta de inmuebles no destinados a vivienda), la
duplicación de una deducción especial para trabajadores autónomos y la
eliminación de impuestos internos en tecnología y algunos modelos de autos y motos.
Respecto de la
velocidad de los cambios, seguramente habrá polémica con los que hubieran
querido ir más rápido. El Gobierno dice que la presión tributaria nacional
bajará 1,5 puntos del PBI a los cinco años y confía en que esto hará caer la
evasión y ayudará a la economía a crecer más rápido.
Es el gradualismo
que no puede desmarcarse de otro gradualismo, el de la baja del gasto público.
Esto y que la economía crezca serán los requisitos imprescindibles para el
éxito de la reforma.
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