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Por Pablo Fernández
Blanco - Con el ímpetu que le dio la amplia victoria en las elecciones, la
administración de Mauricio Macri también
avanzará en reformas en el sector energético, que se sumarán a los cambios en
impuestos, la burocracia estatal y el frente fiscal.
Ayer se publicó en
el Boletín Oficial el decreto 882/2017, que ordena la puesta en venta de
activos estatales relacionados con la energía. Además, establece la fusión de
Enarsa con Ebisa (la empresa encargada de comercializar la electricidad de las
centrales binacionales), el cambio de nombre de la primera, que pasará a
llamarse Integración Energética Argentina SA y la rebautización de las
centrales Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que volverán a llamarse Cóndor
Cliff y La Barrancosa, de acuerdo con su denominación inicial.
"Queremos
lograr una mayor eficiencia con la fusión y tener una única empresa que maneje
los emprendimientos energéticos que están siendo ejecutados por el Estado
nacional y aquellos que en el futuro puedan hacerse desde el Estado", explicó
una fuente que participó de las decisiones.
En la práctica, se
trata de medidas que Macri quiere implementar desde el primer día de su
administración, pero recién ahora se siente con el poder suficiente para
llevarlas a cabo, con la confirmación de su poder en las urnas.
Enarsa tiene una
larga historia de falta de transparencia. De su caja salieron los fondos para
pagar el avión que trajo al venezolano Guido Antonini Wilson a la Argentina con
su bolso cargado con US$ 800.000 y está en el centro de la trama de la
importación de gas por barco, entre otras cosas. Para el Gobierno, el cambio de
nombre es algo así como una vuelta de página.
El decreto también
instruyó a Enarsa a poner en venta centrales eléctricas en las que tiene
participación, como San Martín, Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.
Comprometerá al futuro comprador a completar las obras para que funcionen como
ciclos combinados y generen más electricidad.
También cederá el
50% de Citelec, titular a su vez del 52% de Transener, la transportadora de
energía en alta tensión. El Estado amplió la participación en la empresa el año
pasado, cuando la acción costaba $ 7,2. Hoy supera los $ 40.
También se
desprenderá de más del 8% que tiene en Central Puerto, entre otras cosas.
El objetivo de la
cartera de Energía es desprenderse de todas las participaciones en las que no
tenga el control, con el objetivo de hacer un Estado menos pesado y más eficiente.
En cambio,
retendrá, al menos por ahora, obras en construcción como las centrales sobre el
río Santa Cruz, los nuevos ductos que lanzó este año el Gobierno y el Gasoducto
del Nordeste Argentino.
En total, espera
recaudar 1000 millones de dólares, que se destinarán a costear obras de
energía.
Fuentes
gubernamentales explicaron que las medidas pretenden "generar condiciones
para una mayor eficiencia, a tono con el programa que se anunció ayer de
desburocratización del Estado, mediante la reducción de su peso en muchas
decisiones económicas, pero sin dejar de controlar los procedimiento
administrativos".
Juan José Aranguren
Ministro de Energía
El Gobierno dispuso
la venta de su participación en empresas eléctricas. Espera recaudar al menos
US$ 1000 millones, que se usarán para financiar la construcción de las
hidroeléctricas de Santa Cruz, entre otras cosas.
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